Indignación en Santander: Perro fue víctima de abuso y golpiza

Un desgarrador caso de maltrato animal tiene conmocionados a los residentes del barrio Ciudadela Bella Vista en San Gil. Tras conocerse el atroz ataque que sufrió un perro husky siberiano, identificado como Shaggy, quien fue víctima de abuso sexual y agresiones físicas durante la noche del viernes 26 de septiembre.

De acuerdo con el testimonio de sus cuidadores, el canino salió de su hogar alrededor de las 7:00 p.m. y regresó cerca de las 8:30 p.m. en condiciones alarmantes: presentaba heridas visibles, caminaba con dificultad y mostraba signos de trauma. Preocupados por su estado, sus dueños lo llevaron de inmediato a un centro veterinario, donde profesionales confirmaron lo impensable: Shaggy había sido víctima de abuso sexual, además de haber recibido golpes que le dejaron múltiples contusiones.

Publicidad

Este acto de violencia ha generado indignación no solo en la comunidad local, sino también en redes sociales, donde animalistas y ciudadanos en general han exigido justicia inmediata. Las autoridades ya han abierto una investigación para identificar al o los responsables, quienes podrían enfrentar cargos penales bajo la Ley 1774 de 2016 y la reciente Ley Ángel, normativa que endurece las penas contra el maltrato animal en Colombia.

El sábado 28 de septiembre, decenas de personas se reunieron en un plantón pacífico organizado por la Fundación Huellitas de Amor y otras organizaciones defensoras de animales. El evento tuvo lugar en el mismo barrio donde ocurrió el ataque, y buscaba visibilizar el caso, exigir justicia y presionar a las instituciones para que actúen de manera contundente.

Recordemos que la Ley Ángel permite, entre otros aspectos, la entrada inmediata de autoridades a domicilios si se presume que un animal está en riesgo, y contempla sanciones como prisión de hasta 3 años, multas que superan los 60 salarios mínimos y la prohibición de tenencia para condenados.

El caso de Shaggy se ha convertido en símbolo de una lucha que apenas comienza en Santander: la de proteger a quienes no tienen voz, y exigir que quienes cometan estos actos sean capturados, juzgados y condenados como lo dicta la ley.