Caso DNI: Paloma Valencia busca ser reconocida como víctima de presuntas operaciones ilegales.
La excandidata presidencial solicitó investigar si su campaña fue objeto de infiltraciones desde organismos de inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro.
La excandidata presidencial y dirigente del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que solicitará ser reconocida como víctima dentro de las investigaciones relacionadas con presuntas operaciones irregulares de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que habrían ocurrido durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
La decisión se conoce después de las revelaciones periodísticas sobre supuestas actividades de inteligencia contra dirigentes políticos y posibles intentos de interferir en las elecciones presidenciales de 2026.
Valencia busca que las autoridades establezcan si su campaña presidencial fue objeto de infiltraciones, quiénes habrían participado en esas actuaciones y qué tipo de información pudo haber sido obtenida mediante procedimientos irregulares. También pretende que se examine si el Centro Democrático pudo resultar afectado por estas presuntas operaciones.
La controversia surgió tras conocerse información sobre un documento reservado de 26 páginas que describiría posibles irregularidades dentro de organismos de inteligencia del Estado. Entre los señalamientos aparecen supuestas actividades de seguimiento contra figuras políticas, intentos de instalar dispositivos de vigilancia y posibles operaciones informáticas dirigidas contra sistemas relacionados con el proceso electoral.
Uno de los nombres mencionados en las investigaciones es el de Carlos Andrés Oyola Tovar, un ingeniero de sistemas que habría estado vinculado a la DNI y cuya presunta participación en actividades informáticas irregulares es materia de investigación.
Otro de los aspectos que ha generado controversia está relacionado con Luis David Duque, quien participó como estratega político en la campaña de Paloma Valencia y había mantenido vínculos contractuales con Fiduprevisora durante la administración Petro.
La dirigente política manifestó que desconocía esa relación contractual y consideró necesario esclarecer si existió alguna irregularidad relacionada con la participación del asesor en su equipo de campaña.
Por su parte, Duque rechazó los señalamientos sobre una posible infiltración y aseguró que sus actividades profesionales se desarrollaron dentro del marco legal.
Las denuncias también han generado interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos y las capacidades tecnológicas de los organismos de inteligencia, especialmente frente a la posibilidad de que hubieran sido utilizados para realizar seguimientos políticos o intervenir en asuntos electorales.
Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido judicialmente que la campaña de Paloma Valencia haya sido infiltrada ni que los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 fueran alterados mediante ataques informáticos.
Con su solicitud, Valencia pretende participar formalmente como posible afectada dentro de las actuaciones judiciales y conocer los avances de las investigaciones que buscan esclarecer lo ocurrido.
Ahora corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron operaciones ilegales, identificar a los eventuales responsables y establecer si se vulneraron los derechos de dirigentes políticos o integrantes de campañas presidenciales.
El caso continúa generando controversia en el escenario político nacional, mientras se esperan nuevos resultados de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia.
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