Política

Pacto Histórico, en aprietos: juez de Santander ordena millonario embargo.

Una deuda que se remonta a las elecciones de 2022 terminó en una decisión judicial que pone bajo presión las finanzas de la colectividad.

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Pacto Histórico, en aprietos: juez de Santander ordena millonario embargo
Foto: Referencia / Un juzgado de Barrancabermeja ordenó una medida de embargo contra recursos del Pacto Histórico por una deuda relacionada con la campaña presidencial de 2022.

Una decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, Santander, puso nuevamente bajo la atención pública las finanzas de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El despacho judicial ordenó el embargo de recursos del Pacto Histórico dentro de un proceso relacionado con una deuda de $450 millones que, según la reclamación presentada, no habría sido cancelada.

La medida cautelar fue emitida el pasado 23 de septiembre de 2026 y afecta una cuenta bancaria de la colectividad política en la Cooperativa Financiera Confiar. Aunque el dinero reclamado inicialmente corresponde a $450 millones, el juzgado estableció un límite de embargo de hasta $1.500 millones, cantidad que contempla las posibles obligaciones derivadas del proceso judicial.

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La reclamación fue presentada por la empresaria santandereana Bibiana Piedad Pérez Arroyo, quien asegura haber entregado los recursos el 18 de mayo de 2022 para apoyar financieramente la campaña presidencial. Según su versión, el dinero debía ser devuelto, pero después de varios años no habría recibido el pago correspondiente.

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En el proceso también aparece mencionado Ricardo Roa Barragán, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como el movimiento Colombia Humana. La controversia judicial involucra obligaciones que, de acuerdo con el trámite conocido, terminaron vinculadas al Pacto Histórico.

Por ahora, la orden de embargo no significa que los $1.500 millones hayan sido efectivamente retenidos, pues se desconoce el saldo de la cuenta bancaria y si la entidad financiera ya ejecutó la medida. El proceso continúa su trámite ante la justicia civil, que deberá resolver las reclamaciones correspondientes.

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