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Juez da 48 horas para aclarar si el arma de De la Espriella tiene permiso

La congresista acudió a una tutela después de seis semanas sin respuesta sobre el registro, permiso de porte y propiedad de la pistola que exhibe el presidente.

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Juez da 48 horas para aclarar si el arma de De la Espriella tiene permiso
El presidente Abelardo de la Espriella deberá esperar la respuesta de las autoridades militares sobre el permiso de la pistola que porta en apariciones públicas.

Una nueva controversia rodea al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de que un juez de Bogotá ordenara a las Fuerzas Militares responder, en un plazo máximo de 48 horas, si la pistola que el mandatario porta durante algunas de sus apariciones públicas cuenta con los permisos exigidos por la legislación colombiana.

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La decisión fue adoptada por el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que falló a favor de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, conocida como Mafe Carrascal, tras una acción de tutela presentada contra el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE).

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La congresista del Pacto Histórico aseguró que había solicitado información oficial sobre el arma del jefe de Estado, pero que transcurrieron más de seis semanas sin recibir una respuesta de fondo.

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Ante esta situación, acudió a la justicia para exigir que las autoridades militares aclararan las condiciones legales bajo las cuales el presidente porta la pistola.

Las tres preguntas que deberán responder las Fuerzas Militares

La solicitud presentada por Carrascal busca establecer tres aspectos relacionados con el arma que ha sido observada en diferentes apariciones públicas del mandatario.

El primero es determinar si la pistola se encuentra debidamente registrada ante las autoridades competentes.

El segundo consiste en verificar si cuenta con un permiso de porte vigente que autorice legalmente su utilización fuera de los lugares destinados a su tenencia.

Finalmente, la congresista quiere conocer si el arma pertenece personalmente al presidente o si hace parte de los bienes del Estado.

Estos interrogantes deberán ser respondidos por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, dependencia vinculada al Comando General de las Fuerzas Militares.

El juzgado consideró procedente proteger el derecho fundamental de petición de la congresista, ante la falta de respuesta a la solicitud presentada.

Mafe Carrascal cuestionó la falta de respuesta

Tras conocerse el fallo, Carrascal difundió un pronunciamiento en sus redes sociales en el que confirmó la decisión judicial y explicó las razones que la llevaron a interponer la tutela.

La representante cuestionó que una solicitud relacionada con el cumplimiento de la legislación sobre armas no hubiera recibido una contestación oportuna.

También señaló que su intención es establecer si el presidente cumple los requisitos que deben observar quienes portan armas de fuego en Colombia.

La congresista manifestó que espera recibir una respuesta completa dentro del plazo establecido por el despacho judicial.

Además, indicó que, si la entidad no cumple con la orden, podría acudir a los mecanismos judiciales previstos para exigir su cumplimiento.

La controversia tiene un antecedente importante en una decisión adoptada por el propio presidente.

El pasado 8 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368, mediante el cual levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego que se encontraba vigente en el país.

La medida permitió que las personas con permisos válidos pudieran ejercer nuevamente esa autorización, siempre que cumplieran las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades.

Sin embargo, el decreto dejó claro que el levantamiento de la suspensión no significa que cualquier ciudadano pueda portar libremente un arma.

La normativa mantiene los controles sobre registro, permisos, vencimientos, suspensiones y demás restricciones legales aplicables.

Por esta razón, la controversia sobre la pistola del mandatario gira alrededor de la existencia y vigencia de las autorizaciones correspondientes.

Hasta el momento, no existe una decisión judicial conocida que haya declarado ilegal el porte de la pistola por parte de Abelardo de la Espriella.

El fallo del Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá se limita a proteger el derecho fundamental de petición de Mafe Carrascal y ordenar una respuesta oficial.

Esto significa que el despacho no determinó si el arma cuenta o no con un salvoconducto vigente, ni estableció que el presidente hubiera cometido una infracción.

La aclaración deberá provenir de la entidad militar encargada de los registros y permisos.

Por ahora, se espera conocer la respuesta oficial del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos para establecer las condiciones jurídicas del arma que porta el jefe de Estado.

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