Escándalo en la DNI del gobierno Petro: denuncias de espionaje y contratos millonarios bajo la lupa

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedó en el centro de una nueva controversia nacional luego de conocerse denuncias sobre presuntas operaciones de espionaje, posibles intentos de manipulación de las elecciones presidenciales de 2026 y millonarias irregularidades en contratos celebrados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Ante la gravedad de los señalamientos, la Contraloría General de la República anunció este lunes 9 de noviembre la revisión prioritaria de cinco contratos por más de $20.783 millones, relacionados con la adquisición de drones, sistemas antidrones, computadores y otros equipos destinados a actividades de inteligencia.

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La decisión fue adoptada por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, luego de las revelaciones periodísticas de Noticias Caracol sobre documentos internos de la entidad que advierten posibles fallas técnicas, incumplimientos contractuales y sobrecostos.

El organismo de control busca determinar si los recursos públicos fueron utilizados de manera adecuada y si existen elementos que permitan establecer un posible detrimento patrimonial.

Los millonarios contratos que están bajo la lupa

Entre las adquisiciones que serán examinadas se encuentra un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. La Contraloría verificará las condiciones de compra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las circunstancias de un siniestro ocurrido en marzo de 2026.

También será revisada la adquisición de tres sistemas antidrones por cerca de $8.340 millones, con el propósito de determinar si los equipos fueron entregados, funcionan correctamente y responden a las necesidades de la entidad.

Otro de los contratos corresponde a la compra de 595 computadores por aproximadamente $1.314 millones. Sobre esta adquisición existen denuncias relacionadas con presuntas deficiencias de calidad y problemas de funcionamiento.

La revisión incluye, además, un sistema de identificación biométrica contratado por cerca de $580 millones, que presuntamente no habría entrado en funcionamiento, y la compra de mobiliario para instalaciones de la DNI en Funza, Cundinamarca, por aproximadamente $1.549 millones.

Adicionalmente, el organismo de control verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, versión 2.

Denuncias por presunto espionaje a expresidentes

La controversia no se limita a los contratos. Una investigación de Noticias Caracol reveló la existencia de un informe reservado de 26 páginas que contiene señalamientos sobre posibles operaciones de seguimiento e inteligencia durante la administración de Gustavo Petro.

Según los documentos divulgados, se habría contemplado la instalación de micrófonos y dispositivos de geolocalización en vehículos asignados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes.

Uno de los aspectos mencionados en el informe está relacionado con un decreto expedido el 3 de junio de 2026, mediante el cual se habrían ampliado las funciones de la DNI en la asignación de vehículos para los esquemas de seguridad de antiguos mandatarios.

Las revelaciones generan interrogantes sobre el propósito de dicha medida y el posible uso de herramientas de inteligencia para actividades diferentes de las establecidas legalmente.

Sin embargo, hasta el momento, estas denuncias no constituyen una confirmación judicial de que se hayan ejecutado interceptaciones ilegales contra los exmandatarios.

Sospechas de interferencia en las elecciones de 2026

Otro de los señalamientos más delicados está relacionado con Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario vinculado a la DNI, quien, según la investigación periodística, habría estado relacionado con una presunta operación informática destinada a vulnerar los sistemas de la Registraduría Nacional.

De acuerdo con los documentos conocidos, la supuesta operación tendría como objetivo interferir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.

Oyola fue detenido el pasado 6 de noviembre en Neiva. Según la información divulgada, existía una orden de captura en su contra desde el 7 de mayo de este año.

La investigación también plantea interrogantes sobre su permanencia en la entidad pese al requerimiento judicial.

Es importante precisar que no se ha demostrado que los resultados electorales hayan sido alterados. Las acusaciones conocidas corresponden a presuntas actuaciones que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Vicepresidente pide investigar las denuncias

Las revelaciones también provocaron la reacción del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, quien expresó públicamente su preocupación por los hechos denunciados.

A través de un mensaje publicado en X, el funcionario cuestionó el presunto uso indebido de la Dirección Nacional de Inteligencia durante la administración anterior y pidió que se adelanten investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Restrepo consideró que los señalamientos generan dudas sobre el manejo de la entidad y las posibles afectaciones a las instituciones democráticas.

Asimismo, solicitó que se establezcan las responsabilidades correspondientes en caso de comprobarse conductas contrarias a la ley.

Contraloría anuncia revisión de documentos y recursos

Frente a los cuestionamientos sobre la contratación, la Contraloría explicó que solicitará estudios previos, informes de supervisión, actas de recibo, soportes de pago, garantías y demás documentación relacionada con los negocios examinados.

El organismo también verificará si los bienes adquiridos cumplen las características contratadas y si los recursos destinados a la seguridad nacional produjeron resultados verificables.

El contralor Jorge Eliécer Laverde Vargas sostuvo que el carácter reservado de las actividades de inteligencia no puede impedir la vigilancia sobre la utilización de recursos públicos.

La investigación fiscal deberá establecer si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos contractuales, sobrecostos o posibles daños al patrimonio del Estado.