Audio pone bajo la lupa a exdirector de la DNI por ofrecimientos a fuentes criminales

Una nueva grabación revelada por Semana volvió a poner en el centro de la controversia a Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, por conversaciones en las que se mencionaron posibles beneficios a cambio de información relacionada con estructuras criminales.

El audio corresponde a una reunión realizada el 18 de julio de 2025 en instalaciones de la DNI. En el encuentro participaron Lemus, Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “Narcochofer”, el entonces director de Contrainteligencia de la entidad y un analista encargado de tomar notas.

Según la información divulgada, durante la conversación se habló de información que podrían suministrar personas vinculadas a estructuras criminales y de posibles contraprestaciones relacionadas con bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y eventuales gestiones frente a órdenes de captura.

Tras conocerse las grabaciones, Jorge Lemus entregó su versión y reconoció que este tipo de ofrecimientos podían plantearse durante acercamientos con fuentes con el objetivo de obtener información de interés para la seguridad nacional.

El exfuncionario sostuvo, sin embargo, que esas promesas no significaban que fueran a ejecutarse y aseguró que, en este caso, no realizó gestiones ante la SAE ni ante la Fiscalía para materializarlas.

Lemus también reconoció que dentro de sus funciones no estaba entregar bienes de la SAE a cambio de información. Explicó que los ofrecimientos se utilizaban, según su versión, como una herramienta para acercar fuentes y obtener datos relevantes, pero insistió en que “nunca se materializó” lo planteado en esas conversaciones.

Otro de los puntos que generó controversia fue el reconocimiento de Lemus de que la Dirección Nacional de Inteligencia realizaba pagos a determinadas fuentes.

El exdirector señaló que estos pagos se hacían a informantes que suministraban información sobre organizaciones armadas y estructuras criminales, incluidas personas vinculadas a guerrillas y otros grupos ilegales. También aclaró que el llamado “Narcochofer” no recibió una recompensa por parte de la entidad.

De acuerdo con las grabaciones divulgadas, Manuel Antonio Castañeda se presentaba como intermediario de dos antiguos integrantes del Clan del Golfo que supuestamente estaban dispuestos a suministrar información sobre armas, atentados y actividades criminales.

En la reunión se mencionó la posibilidad de que, a cambio de esos datos, se gestionara la administración de bienes en poder de la SAE y se buscaran alternativas frente a órdenes judiciales existentes. Lemus sostiene que ninguna de esas posibilidades llegó a convertirse en una actuación concreta de su despacho.

La controversia abre nuevamente el debate sobre los límites legales de las operaciones de inteligencia y hasta dónde pueden llegar los funcionarios cuando buscan información de personas vinculadas a organizaciones criminales.

Si las autoridades establecen que servidores públicos ofrecieron o gestionaron beneficios que estaban fuera de sus competencias, podrían derivarse actuaciones disciplinarias, fiscales o penales. Sin embargo, la existencia de una conversación o un ofrecimiento no permite por sí sola concluir que se cometió un delito.

Jorge Lemus ya enfrenta investigaciones disciplinarias por otros episodios relacionados con reuniones sostenidas durante su paso por la DNI. En abril de 2026, la Procuraduría abrió una investigación por presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”.

Será ahora tarea de los organismos de control y de la justicia establecer si los hechos revelados en los nuevos audios permanecieron únicamente en conversaciones propias de labores de inteligencia o si existieron actuaciones que excedieron las competencias legales de los funcionarios involucrados.