Isabel Zuleta queda bajo la lupa de la Corte por polémico episodio en La Picota

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López, integrante del Pacto Histórico, y ordenó citarla a indagatoria por el presunto delito de abuso de función pública.

La actuación judicial busca determinar si la congresista se excedió en las competencias que tenía como representante del Gobierno en procesos de conversación sociojurídica con estructuras criminales, durante un procedimiento realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Ese día, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron una diligencia en el pabellón de extraditables de La Picota después de recibir información sobre un supuesto plan para atentar contra otro interno.

En el procedimiento fue encontrada una pistola Glock calibre 9 milímetros, junto con un proveedor y munición. La información que permitió ubicar el arma habría sido suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’.

Según informó en ese momento la propia Isabel Zuleta, su presencia obedecía a una delegación relacionada con lo que calificó como un “gesto de paz”. La congresista aseguró que acompañaba y observaba el procedimiento, mientras la diligencia era desarrollada por funcionarios de la Fiscalía.

La Corte Suprema deberá establecer ahora si Zuleta se limitó a acompañar el procedimiento o si desempeñó funciones que legalmente correspondían a autoridades judiciales, investigativas o penitenciarias.

La citación representa un avance dentro del proceso penal contra la congresista, pues la Sala de Instrucción pasó a una investigación formal.

Sin embargo, la decisión no significa que Isabel Zuleta haya sido declarada culpable. Será durante el proceso cuando la Corte valore las pruebas, escuche su explicación y determine si existen elementos suficientes para continuar hacia otras etapas judiciales.

El delito que se investiga es abuso de función pública, contemplado en el artículo 428 del Código Penal para aquellos casos en los que un servidor público, abusando de su cargo, ejerce funciones diferentes a las que legalmente le corresponden.

La situación debe diferenciarse de otros expedientes que han involucrado a la senadora.

En abril de 2026, el entonces presidente de la Corte Suprema confirmó que existían cuatro indagaciones relacionadas con Zuleta. Una correspondía precisamente al episodio del arma encontrada en La Picota; otras estaban vinculadas con presuntas intervenciones frente a operativos en la cárcel de Itagüí, el traslado de cabecillas para un acto público en Medellín y una celebración realizada dentro de ese establecimiento penitenciario.

Además, en julio de 2025 la senadora Paola Holguín había presentado otra denuncia ante la Corte por presunto abuso de función pública relacionada con el traslado de nueve privados de la libertad desde la cárcel de Itagüí para asistir al evento del entonces presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, Medellín.

Ese expediente es diferente al que ahora avanzó formalmente por los hechos ocurridos en La Picota.