Fiscalía pone la lupa sobre cuentas de campañas de Cepeda y Carolina Corcho

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a los gerentes y contadores que estuvieron al frente de las finanzas de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho durante la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.

Las diligencias fueron programadas para los próximos miércoles 23 y jueves 24 de septiembre y estarán a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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La investigación busca establecer si la información entregada al Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre gastos, créditos, aportes y otras fuentes de financiación coincide con los movimientos financieros y contables que realmente tuvieron las dos campañas.

La Fiscalía también pretende establecer quiénes fueron los verdaderos financiadores de algunos bienes y servicios utilizados durante la consulta interna.

Por la campaña de Iván Cepeda deberá comparecer Carlos Saúl Garzón Urrea, quien ejerció como gerente, junto con Sandra Yurany López Cortés, encargada de la contabilidad de la campaña.

En el caso de Carolina Corcho fueron citados Nelson Emiro Linares Zárate, gerente de su campaña, y Libardo Hinestroza Palacios, quien estuvo encargado del manejo contable.

Los cuatro serán escuchados en calidad de indiciados. Esta figura hace parte de una etapa de investigación y no significa que la Fiscalía les haya imputado cargos ni que exista una declaración de responsabilidad penal.

Las nuevas citaciones se producen después de una diligencia realizada el pasado 15 de septiembre en Bogotá.

Ese día, funcionarios de la Dijín de la Policía Nacional, bajo coordinación de la Fiscalía y con autorización previa de un juez de control de garantías, realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo, inmueble utilizado actualmente por el Pacto Histórico.

Durante el procedimiento fueron recopilados documentos, cuentas, soportes financieros y otros elementos relacionados con las campañas que participaron en la consulta interna.

La Fiscalía ha señalado que busca contrastar esa documentación con la información que fue registrada oficialmente ante las autoridades electorales.

La consulta interna se realizó el 26 de octubre de 2025 para escoger al candidato presidencial de la coalición.

Iván Cepeda obtuvo alrededor del 65 % de los votos y superó a Carolina Corcho y Daniel Quintero, convirtiéndose posteriormente en el candidato presidencial de esa colectividad para las elecciones de 2026.

Parte de la atención sobre las cuentas de la campaña de Cepeda surgió por operaciones relacionadas con Samat Publicidad S.A.S. y su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez.

Inicialmente se cuestionaron registros por aproximadamente $609 millones relacionados con la empresa y otros $116 millones vinculados a Pérez Páez, ante dudas sobre si correspondían a aportes privados que eventualmente podían superar los límites permitidos.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral decidió posteriormente no abrir una investigación administrativa contra Iván Cepeda al concluir que esas operaciones correspondían a créditos en especie por servicios publicitarios y no a donaciones que hubieran infringido las normas de financiación electoral.

Esa decisión del CNE no impide que otras autoridades adelanten actuaciones dentro de sus propias competencias.

De manera paralela, el pasado 14 de septiembre, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Iván Cepeda para determinar si existieron irregularidades relacionadas con la financiación de su campaña durante aquella consulta.

El proceso está a cargo del magistrado Francisco Farfán y contempla la práctica de pruebas y declaraciones.

La actuación de la Corte y la investigación de la Fiscalía son procedimientos distintos. La Fiscalía está revisando, entre otros aspectos, las cuentas y actuaciones de quienes manejaron financieramente las campañas de Cepeda y Corcho, mientras el alto tribunal tiene competencia sobre Cepeda por su condición de congresista.

Por ahora, las investigaciones se encuentran en etapas preliminares y será después de analizar documentos, testimonios y registros financieros cuando las autoridades determinen si existen elementos para avanzar hacia decisiones judiciales adicionales.