Nuevo lío para María José Pizarro: piden estudiar su pérdida de investidura.

Un nuevo capítulo se abre alrededor del trámite de la reforma pensional de 2024. La veeduría ciudadana VERCONTROL solicitó al Consejo de Estado estudiar una petición de pérdida de investidura contra María José Pizarro, por un presunto tráfico de influencias.

La solicitud fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la veeduría, quien también promovió la acción que derivó en la decisión de primera instancia sobre la pérdida de investidura del entonces presidente del Senado, Iván Name.

El cuestionamiento está relacionado con lo ocurrido durante el trámite de la reforma pensional. Para ese momento, Pizarro se desempeñaba como primera vicepresidenta del Senado y asumió la conducción de diferentes sesiones plenarias ante las ausencias de Iván Name.

Según los elementos conocidos del proceso contra Name, el entonces presidente del Senado estuvo ausente en 14 de las 16 sesiones plenarias analizadas durante el trámite de la reforma, entre febrero y abril de 2024. Varias de esas sesiones fueron dirigidas por Pizarro.

La veeduría pretende que se establezca si la actuación de Pizarro correspondió únicamente al ejercicio de sus funciones como primera vicepresidenta o si existieron comunicaciones, acuerdos o actuaciones que puedan tener relevancia dentro del caso.

Entre los elementos mencionados aparecen declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, relacionadas con la manera como se desarrolló el trámite legislativo y las ausencias de Name. Estas declaraciones hacen parte de los elementos que se pide examinar y no constituyen, por sí mismas, una prueba de responsabilidad contra Pizarro.

Dentro de la petición se solicita revisar las actas y grabaciones de las sesiones plenarias del Senado, así como elementos del proceso relacionado con Iván Name y testimonios vinculados al escándalo de la UNGRD.

También se busca determinar si existió algún acuerdo o eventual beneficio relacionado con las actuaciones cuestionadas. Se trata de interrogantes planteados por la veeduría para que sean examinados por las autoridades y no de hechos que hayan sido demostrados judicialmente contra Pizarro.

María José Pizarro ha rechazado cualquier vinculación con las actuaciones atribuidas a Iván Name y ha sostenido que su participación en las sesiones correspondió al cumplimiento de sus funciones como integrante de la Mesa Directiva del Senado.

Asimismo, ha señalado que las actas y registros audiovisuales de las plenarias permiten verificar cuál fue su actuación durante la discusión de la reforma pensional.

Por ahora, la presentación de esta solicitud no significa que María José Pizarro haya perdido su investidura ni que exista una decisión que determine que incurrió en tráfico de influencias. Corresponderá al Consejo de Estado determinar el trámite y alcance de la petición presentada por la veeduría.