Juez ordena ocultar videos de De La Espriella caminando entre cadáveres

Un nuevo frente judicial se abrió para el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella por la forma en que la Presidencia ha comunicado los resultados de recientes operaciones contra grupos armados ilegales.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al jefe de Estado y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, ocultar dos videos publicados en la cuenta oficial @infopresidencia en Instagram, en los que aparecen imágenes explícitas de personas fallecidas después de operaciones de la Fuerza Pública.

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La decisión se conoció este miércoles 9 de septiembre y se produjo dentro de una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio.

La orden judicial se refiere específicamente a dos publicaciones realizadas los días 2 y 4 de septiembre.

La primera corresponde a imágenes relacionadas con la Operación Azarías, adelantada en zona rural de Miraflores, Guaviare, contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

En esa operación, el Gobierno reportó posteriormente 23 integrantes de la estructura muertos y seis capturados, además de la recuperación de un menor de edad. Entre los principales resultados estuvo la muerte de alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado cabecilla de esa organización.

En las imágenes difundidas por Presidencia se observaba al mandatario recorriendo el lugar donde estaban dispuestos varios cuerpos cubiertos.

El segundo video corresponde a la denominada Operación Centinela de la Patria, desarrollada en La Guajira y que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según la información conocida sobre la decisión, el despacho judicial consideró que la difusión de este tipo de imágenes puede afectar el derecho a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes.

Para sustentar la medida se hizo referencia al artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, que establece la protección de los menores frente a situaciones capaces de causar daño o sufrimiento físico o psicológico.

Por esa razón, el juzgado ordenó ocultar específicamente las publicaciones señaladas mientras avanza el trámite judicial correspondiente.

La decisión conocida hasta ahora no constituye una prohibición general para que el Gobierno publique información sobre operaciones militares.

El punto cuestionado son las imágenes explícitas de personas fallecidas utilizadas en esas dos publicaciones oficiales.

La acción fue presentada por el representante Santiago Osorio, quien había cuestionado públicamente la forma en que el Gobierno estaba mostrando los resultados de las operaciones militares.

Después de conocerse la decisión, el congresista celebró la medida y sostuvo que el Estado no debería utilizar cuerpos de personas fallecidas como elemento de exhibición en sus comunicaciones.

Osorio pidió al presidente y al Dapre cumplir inmediatamente la orden y retirar las imágenes.

“El Estado y el Gobierno Nacional no pueden entrar en una competencia con la criminalidad”, señaló el congresista al referirse a la decisión.

Dentro del trámite judicial también fueron vinculadas varias entidades y organizaciones relacionadas con la difusión, regulación y protección frente a contenidos digitales.

Desde que asumió la Presidencia, De La Espriella ha utilizado con frecuencia sus redes sociales y las cuentas oficiales del Gobierno para divulgar imágenes de operaciones, incautaciones, capturas y resultados contra estructuras criminales.

Sin embargo, la publicación de cuerpos después de los operativos abrió una discusión diferente: hasta dónde puede llegar la comunicación institucional cuando se trata de imágenes explícitas.

El debate enfrenta, por un lado, el interés del Gobierno de mostrar resultados de seguridad y, por otro, las obligaciones del Estado relacionadas con la dignidad de las personas fallecidas y la protección especial de los menores frente a contenidos potencialmente perturbadores.

Ahora será el juzgado el encargado de continuar estudiando la acción de tutela y definir el alcance definitivo de las pretensiones presentadas por el congresista.

Por ahora, la orden conocida es concreta: Presidencia deberá ocultar los videos publicados el 2 y el 4 de septiembre en Instagram que contienen imágenes explícitas de los cuerpos tras las operaciones Azarías y Centinela de la Patria.