Juzgado ordena suspender bombardeos si existe riesgo para menores

Una nueva decisión judicial pone condiciones a los bombardeos y operaciones aéreas ofensivas que adelanta la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales en Colombia.

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó al Gobierno Nacional abstenerse, de manera provisional, de realizar este tipo de operaciones cuando exista información que permita establecer que en el lugar podrían encontrarse menores de edad reclutados o utilizados por estructuras armadas.

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La orden cobija a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La decisión no suspende todos los bombardeos en Colombia ni impide que la Fuerza Pública continúe adelantando operaciones contra objetivos militares.

Lo que establece es que, si inteligencia conoce de manera cierta, objetiva o razonablemente verificable que dentro de un campamento podrían encontrarse menores, las autoridades deberán analizar primero otras alternativas.

La Fuerza Pública tendrá que revisar las medidas disponibles para proteger a los niños y adolescentes y determinar si existe una opción operacional menos lesiva antes de ejecutar un ataque aéreo.

La medida se conoce pocos días después de que Medicina Legal confirmara que tres menores de edad estaban entre las personas que perdieron la vida durante la Operación Amón, desarrollada el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare.

La operación estuvo dirigida contra una estructura de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa informó que los menores tenían 15, 15 y 16 años y sostuvo que se encontraban cumpliendo funciones dentro de la estructura armada.

El Gobierno también responsabilizó a los grupos ilegales por el reclutamiento de niños y adolescentes.

Sin embargo, el caso abrió nuevamente el debate sobre hasta dónde debe llegar la protección especial que tiene un menor reclutado cuando se encuentra dentro de un objetivo militar.

La decisión fue adoptada como una medida cautelar dentro de una acción de tutela.

Esto significa que todavía no existe una sentencia definitiva sobre el caso.

Mientras se toma una decisión de fondo, la jueza consideró necesario establecer una protección adicional para los menores que puedan encontrarse en zonas donde se planeen operaciones aéreas.

La orden establece que antes de autorizar un bombardeo deberán analizarse, entre otros aspectos, la información de inteligencia disponible, el nivel de riesgo para los menores, las medidas de precaución y la existencia de otras alternativas operacionales.

Uno de los puntos centrales de la discusión es que los niños y adolescentes reclutados por grupos armados continúan siendo considerados víctimas de reclutamiento, incluso cuando hayan sido obligados o utilizados para cumplir funciones dentro de esas estructuras.

Por esta razón, diferentes organismos han insistido en que el Estado debe aplicar medidas reforzadas para protegerlos.

La Fuerza Pública, por su parte, sostiene que las organizaciones ilegales utilizan cada vez más menores dentro de sus estructuras y que esa práctica representa uno de los principales desafíos para las operaciones militares.

Por ahora, la orden permanecerá vigente mientras el Juzgado 34 de Familia de Bogotá estudia la tutela y determina si mantiene, modifica o elimina las restricciones.

La decisión tampoco establece que los bombardeos realizados anteriormente hayan sido ilegales.

Lo que hace es imponer, temporalmente, mayores condiciones antes de ejecutar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información sobre presencia de menores.

El fallo definitivo será el que determine el alcance final de esta discusión, que vuelve a poner frente a frente dos asuntos sensibles para el país: la ofensiva contra los grupos armados y la protección de los menores reclutados.