Chats revelan presuntos manejos irregulares que salpican al ministro Ricardo Bonilla y congresistas colombianos
Mensajes entre funcionarios revelan presuntas presiones para direccionar millonarios recursos públicos a cambio de apoyos políticos
Una investigación revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol expuso chats que comprometen al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una supuesta estrategia para lograr apoyos políticos en el Congreso colombiano a cambio de contratos de obras públicas.
Schneider Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presentó ante la justicia mensajes que evidenciarían una operación presuntamente destinada a beneficiar con contratos millonarios a cinco congresistas y a un excongresista. Según Pinilla, el esquema inició el 11 de diciembre de 2023 cuando el ministro Bonilla firmó la resolución 3202, que transfirió 700 mil millones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo con el propósito de atender emergencias y desastres naturales.
La Fiscalía recibió de Pinilla pruebas que indican que al día siguiente, Olmedo López, entonces director de la entidad, lo presionó para asignar tres contratos específicos, valorados en 92 mil millones de pesos, a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar. Esas obras, supuestamente urgentes para prevenir inundaciones y mitigar la erosión, habrían sido realmente una fachada para distribuir recursos a congresistas claves a cambio de votos para ampliar el cupo de endeudamiento del gobierno en 17.607 millones de dólares.
La coordinación de estos contratos, según las conversaciones reveladas, contó con la intermediación directa del asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Jaime Ramírez Cobo, quien sirvió de enlace entre la Presidencia y la Unidad para la Gestión del Riesgo. Los chats muestran que Ramírez Cobo pidió apoyo urgente a Pinilla para gestionar los contratos, afirmando la importancia estratégica del tema para el gobierno.
En las conversaciones quedó registrada una intervención directa del ministro Bonilla, quien solicitó con urgencia al entonces subdirector Sneider Pinilla acelerar la gestión de esos contratos. También está involucrada María Alejandra Benavides, asesora cercana al ministro, quien coordinó directamente con Pinilla para asegurar la asignación de los recursos.
La Fiscalía ahora investiga cómo estas alcaldías llegaron a declarar falsas calamidades públicas para justificar las contrataciones y si, efectivamente, los congresistas Wadid Manzur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz se beneficiaron de esta operación irregular. Cabe destacar que cuatro de estos congresistas votaron a favor de la ampliación del cupo de endeudamiento nacional por 17.607 millones de dólares.
La trama se vino abajo en medio de revelaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades con carros tanque en La Guajira, lo que derivó en la renuncia del director Olmedo López el 29 de febrero y posteriormente la de Pinilla. Ante la justicia, López admitió que lo sucedido es considerado por ciertos sectores políticos como una traición, reconociendo: "Nos equivocamos, llegamos a cambiar, y en unas órdenes nos cambiaron".
Fuentes: Unidad investigativa de Noticias Caracol y archivos de la investigación judicial, con información de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.
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