Escándalo en la DNI: habrían intentado obtener datos de millones de votantes
Una investigación de Noticias Caracol reveló que la agencia de inteligencia solicitó información de los votantes. La Registraduría rechazó la petición.
Una nueva controversia rodea a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tras conocerse documentos internos que revelarían un intento de acceder a información detallada de millones de colombianos habilitados para votar, semanas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.
La investigación, divulgada el lunes 16 de noviembre por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, señala que René Guarín, entonces director encargado de la DNI durante el Gobierno de Gustavo Petro, envió una comunicación oficial a la Registraduría Nacional solicitando una copia completa del censo electoral colombiano.
El documento, fechado el 9 de abril de 2026, tenía como asunto el envío de información de contrainteligencia. Sin embargo, el contenido de la solicitud despertó serios cuestionamientos sobre las funciones de la agencia y las razones por las cuales pretendía acceder a una base de datos con información personal de los electores.
Los datos que la DNI pretendía obtener
Según los archivos revelados, la petición no buscaba únicamente conocer cuántos ciudadanos estaban habilitados para participar en las elecciones. La entidad solicitó un archivo que permitiera procesar individualmente información como números de cédula, género, edad, pertenencia a grupos poblacionales y lugares de votación.
Entre los datos requeridos también aparecían las direcciones de los puestos electorales, municipios, departamentos y el estado de habilitación de cada ciudadano para ejercer su derecho al voto. La información habría quedado disponible para los sistemas de análisis del organismo de inteligencia.
La DNI argumentó que necesitaba esos registros para desarrollar actividades relacionadas con la seguridad nacional y labores de contrainteligencia. No obstante, de acuerdo con la investigación periodística, no presentó un fundamento jurídico suficiente para justificar el acceso a la información solicitada.
La Registraduría Nacional rechazó el requerimiento mediante argumentos legales, por lo que no se ha establecido que la agencia de inteligencia haya conseguido obtener la base de datos a través de esa solicitud.
Expertos advierten sobre posibles riesgos electorales
Las revelaciones provocaron preocupación entre especialistas en asuntos electorales. El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo aseguró que desconocía antecedentes de una solicitud semejante presentada por una agencia de inteligencia ante la autoridad electoral colombiana.
Galindo advirtió que el acceso de terceros a información individualizada de los ciudadanos podría facilitar filtraciones de datos personales y generar riesgos de manipulación o presiones indebidas sobre los electores.
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), manifestó que la entrega de una base de datos de esas características podría facilitar prácticas como la compra de votos, el constreñimiento electoral y otras irregularidades relacionadas con la participación ciudadana.
La representante de la MOE también cuestionó qué clase de operación de inteligencia requería conocer los datos de la totalidad de los ciudadanos habilitados para votar, especialmente durante un proceso electoral presidencial.
Documentos mencionan un supuesto plan contra la Registraduría
Uno de los aspectos más delicados de la investigación está relacionado con lo que presuntamente ocurrió después de que la Registraduría negara la entrega del censo electoral.
De acuerdo con Noticias Caracol, otros informes internos de la DNI mencionarían un supuesto plan alternativo que contemplaba ataques informáticos contra los sistemas de la autoridad electoral, con el presunto propósito de intervenir información relacionada con los resultados de las votaciones.
En esos documentos aparece mencionado Carlos Andrés Oyola, un experto informático señalado de presuntamente liderar una red que tendría entre sus objetivos ejecutar acciones contra los sistemas tecnológicos de la Registraduría.
Según el reportaje, Oyola tenía una orden de captura expedida por un juez desde el 7 de mayo de 2026. Finalmente, fue capturado y enviado a prisión el viernes 13 de noviembre, por decisión de un juez de Bogotá.
Sin embargo, es importante precisar que los señalamientos contenidos en los documentos no constituyen por sí mismos una prueba de que se hayan alterado resultados electorales ni permiten establecer responsabilidades penales sin las correspondientes investigaciones judiciales.
Registraduría reportó millones de ataques informáticos
La investigación también reveló que la Registraduría Nacional presentó 71 denuncias relacionadas con ataques cibernéticos desde marzo de 2026, en medio de las alertas por posibles amenazas contra la infraestructura tecnológica electoral.
Entre la primera y la segunda vuelta presidencial se reportaron aproximadamente 109 millones de ataques contra la página web de la entidad. No obstante, según la información entregada por la autoridad electoral, ninguno consiguió afectar el sistema electoral.
Estos antecedentes incrementaron los interrogantes sobre las actividades desarrolladas por la DNI durante el anterior Gobierno y sobre los mecanismos de supervisión de una entidad encargada de producir información estratégica para la seguridad del Estado.
Crecen los cuestionamientos a la inteligencia del Estado
El caso se suma a otras revelaciones periodísticas relacionadas con presuntas operaciones de inteligencia contra figuras políticas, posibles irregularidades internas y actuaciones que podrían haber sobrepasado las competencias legales de la entidad.
Ante estas denuncias, especialistas han planteado la necesidad de establecer qué funcionarios conocieron las solicitudes, cuáles eran los objetivos concretos de las operaciones y si existieron actuaciones contrarias a las normas que regulan las actividades de inteligencia en Colombia.
Noticias Caracol informó que buscó a René Guarín para conocer su versión sobre los documentos revelados, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos no entregó declaraciones directas al medio sobre el caso.
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