JEP dejará su sede y recortará contratos: busca ahorrar miles de millones de pesos
El presidente de la JEP, Danilo Rojas, anunció trabajo virtual, reducción de contratos y cambios en los esquemas de seguridad ante el recorte presupuestal de 2027.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una serie de cambios en su funcionamiento que incluyen el traslado de su sede principal en Bogotá, la implementación del trabajo virtual y una reducción significativa de contratos y gastos de seguridad. Las decisiones buscan enfrentar el recorte presupuestal previsto para 2027.
El anuncio fue realizado este jueves 5 de noviembre por el magistrado Danilo Rojas Betancourth, durante su posesión como nuevo presidente de la jurisdicción para el periodo 2026-2028, junto con la magistrada Diana María Vega Laguna, quien asumió la vicepresidencia.
Uno de los cambios más importantes será la entrega, en marzo de 2027, del edificio donde actualmente funciona el tribunal de paz. La JEP pasará de ocupar una infraestructura de aproximadamente 15.000 metros cuadrados a otra de apenas 4.200 metros cuadrados.
Con esta decisión, la entidad calcula un ahorro cercano a los $26.000 millones anuales en costos de funcionamiento e infraestructura.
La reducción del espacio físico obligará a modificar las condiciones laborales de los funcionarios. Según explicó Rojas, la virtualidad pasará a ser la regla general y se establecerá un sistema de asistencia rotativa para quienes deban cumplir actividades presenciales.
Este modelo permitirá que diferentes equipos compartan los puestos de trabajo disponibles, en lugar de mantener espacios permanentes para todos los funcionarios.
La reorganización también contempla una menor disponibilidad de espacios para audiencias presenciales, por lo que la jurisdicción deberá fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para desarrollar sus diligencias judiciales.
El traslado de sede no será la única medida. El nuevo presidente también anunció una reducción del 85 % en los contratos de prestación de servicios, una decisión que representaría un ajuste cercano a los $83.000 millones.
Estos contratos están relacionados con distintas actividades de apoyo administrativo, jurídico y operativo, incluyendo labores de acompañamiento a víctimas, atención psicosocial y procesos restaurativos.
Rojas reconoció que la disminución de estos recursos representa un desafío para el funcionamiento de la jurisdicción. Por esa razón, señaló que será necesario reorganizar el personal y buscar alternativas que permitan mantener las labores esenciales del tribunal.
Otro de los anuncios que generó preocupación está relacionado con los esquemas de protección.
La JEP disminuirá los dispositivos de seguridad destinados a magistrados y fiscales, mientras que el secretario ejecutivo dejará de contar con este servicio.
Los ajustes también alcanzarán los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes vinculados a los procesos judiciales.
Según las proyecciones presentadas por Rojas, estas modificaciones representarían un ahorro cercano a los $37.000 millones anuales.
Sin embargo, el magistrado reconoció que se trata de una de las decisiones más delicadas, debido a las condiciones de riesgo que enfrentan algunas personas relacionadas con investigaciones sobre el conflicto armado.
Por esta razón, hizo un llamado al Gobierno nacional para que asuma las responsabilidades de protección que correspondan y contribuya a garantizar la seguridad de quienes participan en los procesos.
Las medidas fueron anunciadas en medio de la reducción de aproximadamente $170.000 millones frente a los recursos que se habían proyectado inicialmente para la JEP en 2027.
La situación ha obligado a la jurisdicción a replantear sus gastos y revisar las condiciones en las que continuará desarrollando sus actividades judiciales.
El nuevo presidente aseguró que, pese a las dificultades financieras, la institución mantendrá su compromiso con las investigaciones, el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado y los derechos de las víctimas.
Los cambios también tendrán implicaciones para las oficinas territoriales de la JEP, cuya operación será revisada dentro del plan de austeridad.
La jurisdicción buscará establecer acuerdos con universidades, alcaldías, gobernaciones, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras instituciones para utilizar espacios compartidos y mantener su presencia en diferentes regiones del país.
Con estas decisiones, la JEP inicia una reorganización administrativa que transformará su funcionamiento durante 2027, mientras enfrenta el reto de reducir gastos sin afectar el desarrollo de los procesos judiciales y la participación de las víctimas.
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