El programa energético de Petro que dejó comunidades esperando las obras.

Un programa impulsado durante el Gobierno de Gustavo Petro para llevar soluciones de energía renovable a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes terminó su primera etapa sin que se construyeran las plantas solares esperadas por sus beneficiarios. Se trata de EN-Comunidad, una iniciativa respaldada mediante un convenio de $27.815 millones que hoy genera cuestionamientos por los resultados obtenidos y las dificultades para verificar detalladamente la ejecución de los recursos.

El proyecto fue promovido a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), que el 28 de diciembre de 2023 suscribió un convenio de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La iniciativa contemplaba la capacitación de organizaciones comunitarias, la creación de empresas prestadoras de servicios energéticos y la formulación de proyectos que posteriormente pudieran convertirse en instalaciones de generación eléctrica. Sin embargo, la financiación necesaria para construir las obras no quedó garantizada.

De acuerdo con una investigación publicada por algunos medios, el convenio finalizó en diciembre de 2025 sin que ninguna de las plantas proyectadas hubiera sido construida dentro de ese programa. Entre las comunidades que continuaban esperando las instalaciones se encuentran organizaciones indígenas del Chocó y asociaciones de Bolívar, cuyos integrantes participaron en capacitaciones y destinaron espacios para desarrollar sus proyectos, pero no recibieron la infraestructura energética que esperaban.

Aunque las obras no se materializaron, Fenoge reportó resultados en la fase de preparación. Según su balance oficial, se formularon 50 proyectos de ingeniería básica o factibilidad y cinco estudios técnicos adicionales, se capacitó a 740 personas de 61 grupos comunitarios y se entregaron equipos de cómputo y mobiliario para fortalecer sus organizaciones. El fondo explicó que la construcción de las plantas no formaba parte del alcance del convenio con la OIM y que la selección de las comunidades no garantizaba recursos para ejecutar las instalaciones.

La controversia también tiene un componente relacionado con el manejo administrativo del dinero. Una investigación anterior de Cambio reveló que la Contraloría General de la República encontró dificultades para rastrear detalladamente los gastos del convenio, debido a que los informes presentaban valores agrupados y no permitían identificar con precisión todos los pagos y sus soportes. El exministro de Minas y Energía Edwin Palma también informó sobre observaciones a costos reportados por la OIM, incluidos aproximadamente $3.230 millones que permanecían bajo revisión. Estas circunstancias no demuestran por sí mismas la pérdida o apropiación irregular de los recursos.

El caso deja interrogantes sobre la planeación y los resultados de una iniciativa que buscaba ampliar el acceso a la electricidad en territorios con necesidades históricas. Aunque el convenio permitió avanzar en estudios, formación y organización comunitaria, las plantas solares seguían sin construirse al cierre del programa. Los $27.815 millones corresponden al valor total contratado y no necesariamente a recursos efectivamente desembolsados, una diferencia fundamental para determinar el alcance real de la ejecución y las eventuales responsabilidades administrativas.