Presidente de la JEP responde a propuesta de recorte: “La están acabando con el presupuesto”

Una nueva discusión se abrió alrededor del futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de conocerse una propuesta que busca trasladar $100.000 millones de su presupuesto hacia el Consejo Superior de la Judicatura.

El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, respondió este viernes 18 de septiembre y advirtió que una reducción de esa magnitud tendría consecuencias directas sobre la operación de la justicia transicional.

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“Si quieren acabar la JEP, la están acabando con el presupuesto”, señaló Ramelli al referirse a la iniciativa. También sostuvo que, en caso de materializarse el recorte en los términos planteados, “no habría forma de funcionar”.

La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, quien propone trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP hacia el Consejo Superior de la Judicatura.

De acuerdo con Gómez, esos recursos podrían utilizarse para crear nuevos despachos judiciales y formalizar cargos dentro de la Rama Judicial ordinaria. El congresista ha cuestionado los resultados obtenidos por la JEP y ha señalado que, mientras tanto, la justicia ordinaria enfrenta alrededor de 2,2 millones de procesos pendientes.

El presidente Abelardo De La Espriella expresó públicamente su respaldo a la iniciativa. Al compartir el planteamiento de Gómez en su cuenta de X escribió: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.

Sin embargo, el traslado de los recursos todavía debe ser discutido y aprobado dentro del trámite presupuestal en el Congreso.

La respuesta de la Jurisdicción fue contundente. La entidad considera que la propuesta podría impedirle cumplir adecuadamente sus funciones y calificó la combinación de varias iniciativas que actualmente avanzan en el Congreso como una estrategia de “asfixia económica” que, desde su perspectiva, amenaza su independencia y autonomía judicial.

Ramelli reconoció que la Rama Judicial ordinaria atraviesa dificultades presupuestales, pero cuestionó que la solución sea retirar recursos a la justicia transicional.

Según la JEP, el recorte de $100.000 millones equivaldría aproximadamente al 62 % de los recursos destinados a adquisición de bienes y servicios, rubro que asciende a $161.271 millones.

La Jurisdicción sostiene que el ajuste también podría comprometer recursos relacionados con esquemas de protección para víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios, además del pago de arrendamientos, servicios públicos, mantenimiento de sedes y funcionamiento de sistemas tecnológicos.

Ramelli llegó a explicar que, bajo un escenario de reducción extrema de los recursos, la entidad tendría dificultades incluso para mantener su sede.

“Están afectando el funcionamiento y entonces tocaría que trabaje cada uno en su casa”, manifestó el magistrado.

La discusión por los $100.000 millones llega cuando la JEP ya había advertido sobre una diferencia entre los recursos solicitados para 2027 y los incluidos inicialmente dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación.

La Jurisdicción solicitó cerca de $947.642 millones para el próximo año, mientras que el proyecto presentado contempla alrededor de $821.000 millones. La diferencia ronda los $125.000 millones.

Ramelli había advertido previamente que la situación era especialmente delicada porque la JEP se encuentra entrando en una etapa determinante de su funcionamiento.

La justicia transicional ha cumplido aproximadamente ocho años y medio de los diez previstos inicialmente para desarrollar su fase investigativa y comienza a avanzar hacia una etapa marcada por el juzgamiento, la ejecución de sanciones y el seguimiento a las decisiones adoptadas en los macrocasos.

Ante la propuesta, la Jurisdicción anunció que pondrá la situación en conocimiento de diferentes organismos internacionales.

Entre ellos están el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

La JEP sostiene que los recursos son necesarios no solo para continuar sus investigaciones, sino también para garantizar los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes se sometieron al sistema creado después del Acuerdo de Paz de 2016.

La propuesta deberá ahora enfrentar el debate político y presupuestal en el Congreso.

Quienes promueven el traslado argumentan que los recursos deben utilizarse para fortalecer una justicia ordinaria que enfrenta congestión y necesidades financieras. La JEP, por su parte, sostiene que retirarle $100.000 millones comprometería seriamente el cumplimiento de sus funciones.