Corte Suprema vuelve a condenar al senador Wilmer Carrillo por contratación irregular.
El congresista recibió una nueva condena por irregularidades en un contrato de mejoramiento vial en Norte de Santander. La orden de captura se ejecutará cuando la sentencia quede en firme.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, del Partido de la U, a ocho años, seis meses y un día de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La decisión, conocida este viernes 9 de octubre, está relacionada con irregularidades en la contratación de una obra pública en Norte de Santander, cuando el congresista se desempeñaba como secretario de Infraestructura de ese departamento.
Los hechos se remontan al año 2010 y están relacionados con un contrato destinado al mejoramiento de la carretera entre Salazar de las Palmas y Arboledas, que contemplaba la pavimentación de aproximadamente dos kilómetros. Según lo establecido por la Corte, el proceso presentó irregularidades como la falta de estudios y diseños, restricciones en los plazos para la participación de oferentes y modificaciones que terminaron eliminando las obras de pavimentación inicialmente previstas.
Además de la pena de prisión, el alto tribunal impuso una multa equivalente a 125 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación de nueve años, seis meses y un día para ejercer derechos y funciones públicas. Sin embargo, Carrillo fue absuelto del delito de peculado por apropiación en favor de terceros. La Corte también negó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena, aunque la orden de captura solamente se hará efectiva cuando la sentencia quede en firme.
Esta es la segunda condena conocida contra el congresista durante 2026. En mayo, la Corte Suprema también lo había condenado a 99 meses y un día de prisión por irregularidades relacionadas con otro contrato de obra pública en Norte de Santander. Ambos procesos corresponden a hechos diferentes y las decisiones están sujetas a los mecanismos judiciales correspondientes.
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