Carlos Oyola, de la DNI a prisión: Fiscalía investiga millonario fraude universitario.
Un juez de Bogotá ordenó medida de aseguramiento contra el exfuncionario, investigado por presuntas alteraciones de calificaciones y pagos de matrículas en la UNAD.
Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a prisión a Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), investigado por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la modificación de notas académicas y pagos de matrículas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
La decisión se conoció este viernes 13 de noviembre, luego de que la Fiscalía presentara elementos que vincularían al exfuncionario con una supuesta estructura dedicada a manipular información de la universidad entre 2017 y 2023. Oyola había sido capturado el pasado 6 de noviembre en Neiva, Huila.
Durante la investigación se identificaron 41 inconsistencias en registros académicos asociados a Oyola, entre ellas calificaciones que inicialmente aparecían en cero y posteriormente habrían sido modificadas por notas superiores a 4,0.
La Fiscalía también detectó presuntas irregularidades por más de $35 millones en registros de pagos de matrículas. Según la hipótesis del ente acusador, el investigado habría participado en la modificación de información académica y servido como intermediario para beneficiar a otros estudiantes.
Por estos hechos, Oyola fue procesado por presuntos delitos relacionados con concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal.
Durante las audiencias, Carlos Oyola no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez consideró necesaria una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.
Por su parte, la UNAD aseguró que había detectado y denunciado irregularidades desde 2021, relacionadas con 22 estudiantes. La institución aclaró que estos hechos no comprometen la validez general de sus títulos académicos.
La investigación continúa para establecer las responsabilidades correspondientes. La medida de aseguramiento no constituye una condena y el exfuncionario conserva su presunción de inocencia.
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