Violento asalto joyería en Bucaramanga: revelan plan que dejó policía muerto

La ciudad de Bucaramanga aún no se recupera del estremecedor intento de robo que terminó con un policía muerto dentro del Centro Comercial Cabecera. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía entregó un relato minucioso de cómo se habría organizado y ejecutado el golpe a la Joyería Caracas el pasado 29 de noviembre, un hecho que derivó en una balacera en pleno centro comercial y que mantiene en prisión a cinco presuntos responsables.

Los implicados —Adrián Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lánchez, Karina Michelis Criado Pumarejo, Johnny José Rodríguez Castillo y Orlando José Cabrera Méndez— fueron presentados ante un juez, donde se reconstruyó paso a paso el asalto que concluyó con la muerte del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briseño. Ninguno aceptó los cargos.

Un plan calculado desde la mañana: vigilancia, armas y señales

Según el fiscal del caso, el robo no fue improvisado. Desde tempranas horas, dos de los procesados recorrieron el centro comercial con actitud vigilante, estudiando movimientos de seguridad y el mejor momento para actuar. Eran los encargados de alertar cualquier riesgo y marcar la entrada.

A las 2:45 p.m., el resto de la banda ingresó al local haciéndose pasar por compradores. Una vez dentro, desenfundaron armas, intimidaron a empleados y comenzaron a guardar joyas en bolsas, en un botín estimado en 900 millones de pesos. Incluso movieron vitrinas para llegar a mercancía de mayor valor.

La emboscada policial y el cruce de disparos

Lo que no sabían es que la Sijín ya tenía información de un posible robo en Cabecera. Cuando los asaltantes intentaron salir, los uniformados rodearon la zona y se desató un intenso intercambio de disparos.

Uno de los delincuentes cayó abatido, mientras que un proyectil disparado desde el interior de la joyería impactó al intendente Leal Briseño, causándole graves heridas en el tórax y afectaciones en órganos vitales. El uniformado murió poco después pese a los esfuerzos médicos.

La Fiscalía describió que se trató de un ataque directo contra un miembro activo de la Policía, hecho que configura un agravante de máxima severidad.

Penas que podrían superar los 500 meses

La Fiscalía imputó homicidio agravado, hurto calificado y agravado en grado de tentativa, y porte ilegal de armas. Solo por el homicidio, los procesados podrían enfrentar penas entre 500 y 700 meses de prisión, debido a que: Se cometió para facilitar otro delito, se usó arma de fuego, además la víctima era un miembro de la Fuerza Pública en servicio.

Los cinco capturados decidieron guardar silencio y no aceptar cargos. Este miércoles se definirá la medida de aseguramiento, mientras todos permanecen privados de la libertad.