Funcionaria del Inpec vinculada con banda criminal en Santander Fue capturada

En un golpe contundente contra la criminalidad en Santander, autoridades detuvieron a alias "Julie", funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde hace 17 años y prima de Nelson Enrique Bautista, alias "Poporro", líder de la organización delictiva "Los del Sur". La mujer, quien desempeñaba el cargo de dragoneante en el área de tratamiento y apoyo psicosocial, fue señalada de facilitar beneficios carcelarios a miembros de la banda, incluido su primo.

El operativo, liderado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, permitió la captura de diez integrantes de "Los del Sur" y "Los Ahijados", estructuras que operaban en el departamento y generaban millonarias rentas ilícitas. Según el comandante Henry Yesid Bello, los nuevos procesos incluyen lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito, relacionados con movimientos financieros que ascienden a 6.000 millones de pesos.

Entre los capturados también figuran alias "Ruth", aliada estratégica; alias "Karina", esposa de "El Padrino" y encargada de las inversiones del grupo; alias "María", tía de "Poporro"; y alias "Stella", responsable de inteligencia financiera. Adicionalmente, se incautaron ocho dispositivos móviles, un arma de fuego y dinero en efectivo.

Por su parte, alias "Poporro", quien sería liberado por vencimiento de términos en enero, recibió una nueva orden de captura, lo que garantiza su permanencia en prisión. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, destacó que con esta acción ya suman 26 capturas contra "Los del Sur".

La red también empleaba testaferros para lavar dinero en apartamentos, vehículos de alta gama y otras inversiones. Además, se emitieron notificaciones azules de Interpol contra alias "Amanda" y "Shirley", presuntas cómplices de la organización.

La operación se realizó en Bucaramanga, Floridablanca, Girón, San Vicente de Chucurí y San Vicente del Caguán. Ahora, los capturados están bajo custodia de la Fiscalía, a la espera de que un juez defina su situación jurídica. Esta acción reafirma el compromiso de las autoridades por combatir el crimen organizado en la región.