Tutela obliga a fundación vinculada a la primera dama a explicar destino de donaciones
La fundación vinculada a Ana Lucía Pineda deberá ampliar en 48 horas la información sobre las ayudas recaudadas para damnificados del terremoto.
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama Ana Lucía Pineda, deberá entregar información adicional sobre los recursos recaudados para atender a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.
La decisión fue tomada por el Juzgado 126 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, que amparó el derecho de petición del senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien solicitó explicaciones sobre la administración y destinación de las donaciones.
Según el informe de gestión presentado por la fundación, la organización reportó más de $54.589 millones en recursos recibidos, administrados y canalizados, entre ellos una donación cercana a $44.200 millones atribuida a la familia Gilinski para proyectos de reconstrucción.
El despacho judicial estableció un plazo de 48 horas, contado desde la notificación del fallo, para que la fundación amplíe sus respuestas y aporte documentación sobre el monto de las donaciones, su destinación, los plazos de ejecución, los mecanismos de seguimiento y las ayudas entregadas.
También deberá aclarar si recibió aportes de contratistas del Estado, presentar los soportes financieros disponibles y explicar cómo controla las donaciones en dinero y en especie.
La fundación ha sostenido que los recursos están destinados principalmente a proyectos de reconstrucción y que durante el periodo reportado no administró dineros públicos. Por su parte, la primera dama ha defendido la gestión de las ayudas humanitarias.
Aunque se trata de una organización privada, el juez consideró que debe responder de manera completa las solicitudes relacionadas con su participación en la atención de la emergencia.
La decisión no establece irregularidades en el manejo del dinero ni responsabilidad penal de la primera dama. Se trata de una orden para ampliar la información solicitada mediante un derecho de petición.
En caso de incumplimiento, el solicitante podrá promover un incidente de desacato. La decisión judicial también puede ser impugnada.
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