Trasladarán a 76 de Los Pachenca a máxima seguridad.
Los internos permanecen en cárceles de cuatro departamentos del Caribe y serán enviados a establecimientos de mayor seguridad en otras regiones.
El Gobierno Nacional ordenó el traslado de 76 personas privadas de la libertad señaladas por las autoridades de pertenecer o tener vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca, hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en diferentes regiones de Colombia.
La instrucción fue impartida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y cobija a internos que actualmente se encuentran recluidos en establecimientos de Magdalena, La Guajira, Cesar y Atlántico. El objetivo anunciado por el Gobierno es reforzar su control penitenciario y evitar que desde las cárceles puedan continuar coordinándose actividades delictivas.
Tras conocerse la orden presidencial, el Inpec informó que adelanta las actuaciones correspondientes para materializar los movimientos. Por razones de seguridad, no se han revelado públicamente las cárceles de destino ni las fechas específicas en las que será trasladado cada uno de los internos.
La decisión se produce en medio de una compleja situación de orden público en Magdalena y otros sectores del Caribe colombiano, donde durante los últimos días se han registrado bloqueos, amenazas, quema de vehículos y otras acciones violentas que las autoridades han relacionado con las ACSN.
La tensión aumentó después de recientes operaciones de la Fuerza Pública contra esa organización. Entre ellas se encuentra el operativo en zona rural de Santa Marta en el que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, identificado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la estructura.
Con el traslado de los 76 internos, el Gobierno busca aumentar las condiciones de vigilancia y aislamiento penitenciario sobre personas que las autoridades relacionan con Los Pachenca. La medida corresponde a un traslado carcelario y no modifica por sí misma la situación jurídica de cada detenido, cuyos procesos deberán continuar ante las autoridades competentes.
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