Nuevo estatuto antiterrorista en Colombia contempla penas de hasta 42 años de cárcel.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara un nuevo estatuto antiterrorista con el que busca endurecer las sanciones contra las organizaciones criminales que operan en Colombia. La iniciativa, que contiene más de 130 artículos, contempla penas de hasta 42 años de prisión para determinadas conductas, además de nuevas medidas para combatir los ataques con explosivos, drones y otras acciones violentas.

Uno de los principales puntos del proyecto es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, mediante el cual se identificarían estructuras y personas vinculadas con estas actividades. Quienes sean incluidos en el listado podrían enfrentar medidas como el congelamiento de bienes, restricciones financieras y limitaciones para contratar con el Estado, de acuerdo con las condiciones que establezca la ley.

El documento también propone aumentar las penas por secuestro, ataques con drones y determinadas formas de apoyo a organizaciones criminales. Asimismo, contempla sanciones contra actividades como la minería ilegal y el apoderamiento de hidrocarburos, consideradas posibles fuentes de financiación de estructuras armadas. Algunas conductas relacionadas con la utilización ilícita de drones podrían recibir penas de hasta 30 años de cárcel.

La propuesta, impulsada por el Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, también contempla la creación de un Alto Comisionado contra el Terrorismo y medidas penitenciarias especiales para cabecillas de organizaciones criminales. Sin embargo, algunos sectores políticos han manifestado preocupaciones sobre las facultades del Gobierno para elaborar estos listados y las posibles implicaciones para el debido proceso y las garantías constitucionales.

Por ahora, el estatuto antiterrorista continúa siendo un proyecto que deberá surtir su trámite en el Congreso de la República. Sus disposiciones todavía no están vigentes y podrían sufrir modificaciones durante los debates legislativos y la correspondiente revisión constitucional.