Millonario contrato pone a Mauricio Aguilar ante una audiencia de imputación.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la construcción de la nueva sede de un colegio en Suaita.
El exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado enfrenta este miércoles 23 de septiembre una audiencia de imputación de cargos, dentro de una investigación relacionada con la construcción de la nueva sede del colegio Lucas Caballero, en el municipio de Suaita. La diligencia es adelantada a solicitud de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía busca imputarle al exmandatario departamental el delito de peculado por apropiación, por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato 3835 de 2023. El proyecto fue concebido durante su administración para construir una nueva infraestructura educativa y comprometió recursos públicos superiores a los $15.000 millones.
El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Colucas 2022 y contemplaba inicialmente un plazo de ejecución de 12 meses. Sin embargo, el proyecto permanece paralizado y los reportes conocidos indican que las intervenciones realizadas se han concentrado principalmente en movimientos de tierra, sin que se haya materializado la infraestructura educativa prevista.
A las dificultades en la ejecución se sumaron cuestionamientos relacionados con la ubicación del proyecto. La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) adoptó una medida preventiva frente a determinadas intervenciones al establecer que parte de lo proyectado comprometía la franja forestal protectora de las quebradas Chorreras e Inmaculada.
La situación también llevó al Departamento Nacional de Planeación a suspender el flujo de recursos del Sistema General de Regalías destinado al proyecto. De acuerdo con la información conocida, estos recursos representaban aproximadamente el 60 % de la financiación prevista para la construcción de la nueva sede educativa.
La audiencia de este miércoles hace parte de una investigación penal y no representa una condena contra Mauricio Aguilar. Será dentro del proceso judicial donde la Fiscalía deberá sustentar sus señalamientos y la defensa del exgobernador podrá controvertirlos, mientras las autoridades judiciales determinan las decisiones que correspondan.
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