Germán Calderón denuncio ante Fiscalía contrato de $1.500 millones entre DAPRE y RTVC

Una nueva denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles irregularidades relacionadas con el Contrato Interadministrativo No. 390 de 2026, celebrado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

La acción fue presentada por Germán Calderón España, en representación del Equipo Élite Anticorrupción y con autorización de la Vicepresidencia de la República. La petición busca determinar si durante la planeación, trámite, celebración o ejecución del convenio pudieron presentarse conductas contrarias a la administración pública. Por ahora, la denuncia está dirigida contra personas indeterminadas y no implica que exista responsabilidad penal establecida.

De acuerdo con la documentación conocida, el contrato tenía como objeto la producción y transmisión de contenidos audiovisuales relacionados con actividades, iniciativas y mensajes institucionales de la Vicepresidencia durante el gobierno anterior. Su valor fue establecido hasta por $1.500 millones, con recursos destinados a servicios de telecomunicaciones y transmisión de información.

El principal cuestionamiento incluido en la denuncia está relacionado con la utilización de la modalidad de contratación directa entre entidades estatales.

Según el documento remitido a la Fiscalía, desde la estructuración del convenio se habría contemplado que una parte de los servicios no fuera ejecutada directamente por RTVC, sino mediante terceros y medios externos.

Entre los documentos aportados se mencionan facturas relacionadas con pauta y difusión en medios radiales y digitales, monitoreo de medios, servicios tercerizados y cobros de comisiones o “fees” de intermediación por parte de RTVC.

Será la Fiscalía la encargada de establecer si este esquema contractual cumplió con las normas y principios que regulan la contratación estatal o si existen elementos que ameriten avanzar en una investigación penal.

La denuncia se conoce después de que el presidente Abelardo De la Espriella entregara a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría el denominado “Libro de la Verdad” o “Libro Blanco”, documento elaborado durante el proceso de transición gubernamental y que reúne diferentes hallazgos sobre el manejo de recursos públicos durante la administración anterior.

El mandatario aclaró durante la presentación del documento que estos hallazgos no constituyen condenas ni determinan responsabilidades y que serán las autoridades judiciales y de control las encargadas de establecer si existieron irregularidades o delitos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, quien coordinó el proceso de empalme, también señaló que los equipos técnicos documentaron hechos y soportes sin individualizar ni atribuir responsabilidades jurídicas, precisamente para que las autoridades competentes hagan las respectivas investigaciones.

La Fiscalía anunció además la conformación de un grupo especial para estudiar penalmente los hallazgos entregados por el Gobierno, mientras se espera que Procuraduría y Contraloría adelanten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

Por ahora, el caso del contrato entre DAPRE y RTVC entra en etapa de revisión y no existe una decisión judicial que establezca que hubo corrupción o responsabilidad penal de funcionarios o contratistas.