$370 mil millones en la mira: Contraloría destapa hallazgo en contratos del Gobierno Petro

Una millonaria operación para adquirir tierras destinadas a la reforma agraria y contribuir a la reparación de víctimas del conflicto quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

El organismo de control mantiene un hallazgo fiscal por $370.487.803.320 relacionado con dos contratos interadministrativos que suman aproximadamente $710.000 millones, celebrados durante el Gobierno de Gustavo Petro entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas.

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La cifra no significa que se haya demostrado un robo o que los $370 mil millones hayan desaparecido.

Lo que cuestiona la Contraloría es la diferencia existente entre el dinero que ya fue desembolsado y el valor de los predios cuya transferencia de dominio pudo ser acreditada jurídicamente.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los auditores es el nivel de ejecución financiera.

Según el informe conocido este 8 de septiembre, la ANT había desembolsado el 95,67 % de los recursos previstos en los dos contratos, pero solamente pudo acreditarse la transferencia de dominio correspondiente al 45,46 % de los recursos girados.

En cifras, fueron desembolsados alrededor de $679.269 millones, mientras que los actos administrativos de transferencia acreditados sumaban aproximadamente $308.781 millones.

La diferencia establecida por el organismo de control alcanzó los $370.487 millones.

La actuación de la Contraloría se concentra en dos contratos.

El primero corresponde al ANT-202413098, por cerca de $410.000 millones, y el segundo al ANT-20245680, por aproximadamente $300.000 millones.

Ambos buscaban que la Agencia Nacional de Tierras adquiriera inmuebles rurales administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el propósito de incorporarlos al Fondo de Tierras y avanzar en programas de reforma agraria.

Al mismo tiempo, los recursos recibidos por el Fondo permitirían financiar indemnizaciones y medidas de reparación para víctimas del conflicto armado.

La existencia y finalidad de estos acuerdos aparecen documentadas por la propia ANT y la Unidad para las Víctimas.

En el contrato ANT-202413098, la Contraloría estableció desembolsos por aproximadamente $393.001 millones.

Sin embargo, el valor respaldado mediante actos de transferencia de dominio alcanzaba cerca de $100.685 millones, equivalente al 25,62 % de los recursos girados.

Los auditores identificaron 71 predios con resolución de transferencia.

De ellos, 52 ya estaban inscritos y otros 19 continuaban en trámite registral.

En el contrato ANT-20245680, por cerca de $300.000 millones, la situación encontrada fue diferente.

La ANT desembolsó aproximadamente $286.268 millones, mientras que las transferencias acreditadas representaban cerca de $208.095 millones.

Esto equivale al 72,69 % de los recursos desembolsados.

En este caso fueron identificados 105 predios con resolución de transferencia, de los cuales 78 estaban inscritos y otros 27 permanecían en trámite.

El principal cuestionamiento está relacionado con la diferencia entre el avance financiero de los contratos y la consolidación jurídica de la propiedad sobre los terrenos.

Para los auditores, la entrega física o provisional de un inmueble no necesariamente significa que la ANT ya tenga jurídicamente el dominio del predio.

El informe también advierte que los terrenos tenían situaciones diferentes que debían estudiarse individualmente, entre ellas posibles solicitudes de restitución, ocupaciones, condiciones jurídicas y otras contingencias que podían afectar la transferencia definitiva.

Otro aspecto incluido en la revisión fue una modificación mediante la cual 78 predios fueron sustituidos por 70 nuevos.

Según la información conocida del informe, aunque se mantuvo el valor económico total, el área involucrada disminuyó en más de 1.000 hectáreas y el valor promedio por hectárea aumentó alrededor de 20,76 %.

La Agencia Nacional de Tierras respondió a las observaciones de la Contraloría.

La respuesta fue presentada el 27 de julio de 2026, cuando Felipe Harman todavía estaba al frente de la entidad.

La ANT pidió retirar las incidencias fiscal, penal y disciplinaria y explicó que estos contratos no funcionaban como una compraventa inmediata.

Según la entidad, el proceso incluía diferentes etapas como estudios jurídicos y técnicos, avalúos, levantamientos topográficos, saneamiento catastral, entrega anticipada de los predios y, finalmente, su incorporación al Fondo de Tierras.

También reportó más de 184 predios entregados provisionalmente y sostuvo que algunos ya podían ser aprovechados dentro de los programas de reforma agraria.

La Unidad para las Víctimas también había informado previamente que, dentro del contrato de $300.000 millones firmado en abril de 2024, se habían suscrito promesas de compraventa sobre 182 bienes rurales, con un área aproximada de 32.360 hectáreas y un valor cercano a $272.000 millones.

La respuesta de la ANT no fue suficiente para eliminar el hallazgo.

El equipo auditor sostuvo que la ejecución progresiva de los contratos no explicaba por qué, teniendo una ejecución financiera superior al 95 %, el respaldo jurídico mediante transferencias de dominio permanecía alrededor del 45 %.

Por esa razón, el organismo de control decidió mantener las incidencias fiscal y disciplinaria.

La Contraloría sí decidió retirar la incidencia penal que inicialmente acompañaba las observaciones.

Según la evaluación conocida, las pruebas recaudadas permitían advertir posibles irregularidades administrativas, contractuales y fiscales, pero no eran suficientes para establecer apropiación, falsedad, engaño o una conducta delictiva intencional.

Esto significa que, hasta ahora, el hallazgo no demuestra que funcionarios se hayan apropiado de los $370 mil millones.

Sin embargo, las actuaciones pueden continuar por la vía de la responsabilidad fiscal y disciplinaria, con intervención de la Contraloría y eventualmente de la Procuraduría.

Un hallazgo fiscal no equivale automáticamente a una condena.

Se produce cuando un organismo de control identifica hechos que podrían haber generado un daño al patrimonio público y considera necesario determinar si existen responsables fiscales y si procede la recuperación de recursos.

Por esa razón, el proceso deberá continuar hasta establecer qué ocurrió con los recursos, cuáles predios terminaron efectivamente transferidos a la ANT y si existe o no un detrimento patrimonial definitivo.

Los contratos comenzaron a ejecutarse durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro, como parte de la estrategia para utilizar tierras provenientes del Fondo de Reparación dentro de la reforma agraria.

El contrato ANT-20245680 fue firmado en abril de 2024 por $300.000 millones.

En ese momento, la Unidad para las Víctimas explicó que el objetivo era monetizar bienes rurales para obtener recursos destinados a indemnizar víctimas reconocidas en sentencias de Justicia y Paz y, simultáneamente, permitir que esas tierras fueran incorporadas a programas agrarios.

Ahora, más de dos años después, la Contraloría mantiene abierta la lupa sobre el manejo de esos recursos y las condiciones jurídicas en las que fueron adquiridos los terrenos.

La investigación deberá determinar finalmente si la diferencia de $370.487 millones representa un daño efectivo a los recursos públicos o si los procesos pendientes de transferencia permiten justificar los desembolsos realizados.