Dos exgerentes de Metrolínea, bajo la lupa: Procuraduría les formuló cargos.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos exgerentes de Metrolínea S. A., entidad encargada del sistema de transporte masivo de Bucaramanga y su área metropolitana. Se trata de Emilce Delina Jaimes Caballero y Yolima Espinel Blanco, quienes estuvieron al frente de la empresa durante los años 2022 y 2023, respectivamente, y ahora deberán responder dentro de una investigación disciplinaria por presuntas fallas en sus funciones de vigilancia y control.

La decisión, anunciada este jueves 5 de noviembre, está relacionada con el seguimiento al contrato de concesión número 001, suscrito el 19 de enero de 2008 con Metrocinco Plus S. A., uno de los operadores del sistema. La investigación busca determinar si durante sus respectivas administraciones las exfuncionarias omitieron actuaciones necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por dicha empresa.

De acuerdo con el organismo de control, las entonces gerentes tenían entre sus responsabilidades adoptar medidas administrativas y contractuales para garantizar que el concesionario cumpliera con las condiciones establecidas para la prestación del servicio público de transporte masivo. Estas obligaciones estaban orientadas a asegurar la continuidad, calidad y permanencia de la operación en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

El caso adquiere relevancia por las dificultades que durante varios años afectaron el funcionamiento de Metrolínea, entre ellas los problemas financieros y operativos que comprometieron la prestación del servicio. Metrocinco Plus, que participaba en la operación de los buses, también atravesó una crisis que terminó afectando su continuidad, situación que forma parte de los antecedentes del sistema y que ahora vuelve a cobrar importancia frente al proceso disciplinario.

Como resultado de las actuaciones adelantadas, la Procuraduría calificó provisionalmente las conductas atribuidas a Jaimes Caballero y Espinel Blanco como faltas graves cometidas a título de culpa gravísima. Esta calificación hace parte de la investigación y no constituye una sanción definitiva ni una declaración de responsabilidad, pues las exfuncionarias conservan su derecho a presentar descargos y ejercer su defensa.

Con esta decisión, el Ministerio Público busca esclarecer si las anteriores administraciones de Metrolínea cumplieron adecuadamente sus deberes frente al contrato con Metrocinco Plus. El proceso continuará conforme a las etapas disciplinarias correspondientes, mientras se determina si existieron omisiones que puedan dar lugar a alguna responsabilidad por parte de las investigadas.