Procuraduría abre investigación contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por el ‘Pacto de Valledupar’
El exministro del Interior y la exdirectora del Dapre deberán responder por su presunta participación en un plan para que exjefes paramilitares acusaran a Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella en plena campaña presidencial.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, por el denominado ‘Pacto de Valledupar’, una reunión sostenida en octubre de 2025 con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La decisión quedó consignada en un auto del 20 de octubre de 2026, con ponencia de la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco. El proceso busca establecer si los dos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro ejercieron presiones indebidas para instrumentalizar con fines políticos a exjefes paramilitares.
¿Qué fue el ‘Pacto de Valledupar’?
Se trata de un encuentro de tres días realizado en un hotel de Valledupar (Cesar), bajo el nombre de ‘Mesa de Diálogo Social Paz Total’, al que asistieron exjefes de las AUC como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
Según el auto del Ministerio Público, Benedetti y Rodríguez —quienes integraban el Comité Técnico creado por la Resolución 327— “habrían conocido y participado de un presunto plan” para que los excomandantes paramilitares señalaran al expresidente Álvaro Uribe, al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al hoy presidente Abelardo de la Espriella de tener vínculos con grupos paramilitares, en medio de la carrera presidencial.
La investigación se originó en una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, a partir de lo revelado por la revista Semana.
Lo que han dicho Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso
Angie Rodríguez reconoció públicamente que organizó la reunión con 11 exjefes paramilitares. En declaraciones a Semana, aseguró que inicialmente se le dijo que el objetivo era cerrar la negociación conocida como Ralito, en el marco de la paz total, pero que el propósito real era otro. Según su versión, el entonces presidente Gustavo Petro le habría pedido que los exjefes hablaran de Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras. “Gustavo Petro me dio la orden”, afirmó.
Por su parte, Salvatore Mancuso difundió un video en sus redes sociales en el que sostuvo que delegados del Gobierno Petro les pidieron a los excomandantes acusar públicamente a esos tres dirigentes. De acuerdo con el exjefe paramilitar, la propuesta fue rechazada por los asistentes: “Nadie aceptó”, dijo. Mancuso aclaró, además, que Petro nunca le hizo esa solicitud de manera directa.
El expresidente Petro, según reportes de prensa, exigió pruebas frente a las denuncias. Hasta el momento, Armando Benedetti no se ha pronunciado de forma directa sobre la apertura de la investigación.
Las pruebas que pidió la Procuraduría
Entre las diligencias ordenadas por el ente de control están:
- Escuchar en declaración a los investigados, Armando Benedetti y Angie Rodríguez.
- Recibir los testimonios del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Arturo Lemus, del director de RTVC Hollman Morris y del excomisionado de Paz Otty Patiño.
- Realizar una inspección en el Dapre para conocer cómo se organizó la reunión, con registro de asistentes, grabaciones e informes.
- Preservar las entrevistas de Rodríguez y las declaraciones de Mancuso en redes sociales.
- Solicitar a la Fiscalía un informe sobre las investigaciones penales que cursen por los mismos hechos.
Un caso en medio del choque con el nuevo Gobierno
La apertura del proceso se produce en medio de un fuerte cruce entre Benedetti y el presidente De la Espriella, quien lo calificó de “criminal”. En días recientes también se conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema de seguridad del exministro y su familia.
Cabe precisar que la apertura de una investigación disciplinaria no constituye una declaración de responsabilidad. Se trata de una etapa para esclarecer los hechos y determinar si hubo actuaciones irregulares, por lo que los investigados conservan la presunción de inocencia.
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