Abren incidente de desacato al Ministro de Salud por insuficiencia presupuestal.

La Corte Constitucional de Colombia ha decidido abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, tras declarar el incumplimiento generalizado en el componente de suficiencia de presupuestos máximos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta decisión, que se deriva de la histórica Sentencia T-760 de 2008, revela una grave crisis estructural en el financiamiento de los servicios de salud no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El Auto 2049 de 13 de diciembre de 2024, emitido por la Sala Especial de Seguimiento, denuncia las serias deficiencias en la gestión presupuestal durante el año 2024. A pesar de que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) había autorizado en diciembre de 2023 el desembolso de $819 mil millones para el ajuste correspondiente a 2022, dichos recursos no fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda. Este incumplimiento no solo contraviene el Auto 2881 de 2023, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y afecta la continuidad de los servicios para millones de colombianos.

La Corte también señala la falta de una metodología unificada para la definición y reajuste de los presupuestos máximos, una herramienta clave que aún no ha sido implementada a pesar de haber sido mandatada en el mismo auto. La insuficiencia de recursos en el segundo semestre de 2024 ha generado serias consecuencias, como la definición tardía de los presupuestos, pagos retrasados y, en algunos casos, el reconocimiento de períodos ya finalizados.

Ante este panorama, la Sala Especial ha decidido abrir el incidente de desacato contra el ministro de Salud, exigiendo que, en un plazo de 48 horas a partir de la notificación del Auto 2049, se tomen las medidas necesarias para cumplir con lo ordenado, incluyendo la iniciación de pagos pendientes y la implementación de la metodología unificada. El incumplimiento no solo afecta la estabilidad financiera del sistema, sino también la confianza de los usuarios en el acceso a tratamientos y medicamentos esenciales.

La Corte ha emitido órdenes claras para abordar la crisis financiera del sistema de salud:

1. Pago inmediato de deudas atrasadas: Los presupuestos máximos correspondientes a los meses de julio a octubre de 2024 deben ser cancelados sin demora.
2. Reconocimiento de presupuestos pendientes: Los presupuestos de noviembre y diciembre de 2024 deberán ser reconocidos antes del 30 de enero de 2025.
3. Cumplimiento estricto en 2025: Los presupuestos de cada mes de 2025 deben pagarse dentro de los primeros 15 días de cada mes, y los pagos correspondientes a enero y febrero deben realizarse antes de que termine febrero.

Además, el Ministerio de Hacienda ha sido instruido para transferir los recursos necesarios, asegurando que el Ministerio de Salud pueda cumplir con estas disposiciones y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud en el país.