Ley Cero Cacho en Colombia: infidelidad podría llevar a cárcel, multas e indemnizaciones
La iniciativa busca que la infidelidad deje de ser vista como un asunto privado y pase a ser atendida por la ley cuando se traduzca en maltrato físico o psicológico.
En Colombia, la infidelidad sigue siendo un tema que genera tensiones y rupturas en miles de hogares, con consecuencias que no se limitan a lo sentimental, sino que alcanzan esferas económicas, psicológicas y físicas. En ese contexto, se presentó en el Congreso el proyecto de Ley 212 de 2025, denominado “Ley Cero Cacho, Cero Violencia”, que pretende regular y sancionar este fenómeno cuando se convierta en un detonante de agresiones dentro del núcleo familiar.
La iniciativa, liderada por la senadora Karina Espinosa Oliver y respaldada por varios congresistas, incorpora la infidelidad como factor asociado a la violencia intrafamiliar. El articulo busca que el Estado intervenga de manera directa, evitando que los episodios de maltrato físico, verbal o psicológico se justifiquen bajo el argumento de una traición sentimental.
De aprobarse, las denuncias podrán ser tramitadas por el ICBF, la Fiscalía y las Comisarías de Familia, entidades encargadas de otorgar medidas de protección. Según lo previsto en el Código Penal, cuando haya violencia física o psicológica, se contemplan penas de entre 4 y 8 años de prisión. Además, el agresor tendría prohibido acercarse o comunicarse con la víctima y, en algunos casos, asumir indemnizaciones económicas por los daños ocasionados.
La propuesta también resalta los efectos que estas situaciones generan en los hijos, al considerar que las discusiones y agresiones derivadas de la infidelidad afectan directamente la estabilidad emocional de los menores. Las víctimas tendrían derecho a recibir acompañamiento psicosocial y jurídico, así como protección inmediata.
El debate sobre este tema trascendió al escenario político con declaraciones del precandidato presidencial Santiago Botero, quien planteó la creación de una “Ley para los cachones”. Según el aspirante, la infidelidad es sinónimo de mentira y representa un problema de confianza que impacta no solo en las relaciones personales, sino también en la vida laboral y política. “El que es infiel en mi Gobierno no cabe, porque es un mentiroso”, afirmó.
Aunque la iniciativa apenas comienza su trámite en el Congreso, ya ha despertado posiciones encontradas entre quienes consideran que puede convertirse en un avance para frenar la violencia intrafamiliar y quienes creen que invade la esfera privada de las parejas.
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