“Muerte política” para Iván Name: Consejo de Estado le quitó la investidura por caso UNGRD.

Un nuevo capítulo judicial sacude el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Congreso Iván Leonidas Name Vásquez, decisión conocida popularmente como “muerte política”.

El fallo fue adoptado el viernes 25 de septiembre por la Sala Especial de Decisión 24. El tribunal consideró acreditada la causal de tráfico de influencias contemplada en el artículo 183 de la Constitución, tras analizar las actuaciones de Name cuando ejercía como presidente del Senado durante el periodo 2023-2024.

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Uno de los elementos centrales del proceso corresponde a $3.000 millones vinculados al entramado de corrupción de la UNGRD. Según lo establecido por el Consejo de Estado, existió una relación entre ese beneficio económico y actuaciones de Name desde la Presidencia del Senado para favorecer el trámite de iniciativas del entonces Gobierno de Gustavo Petro, particularmente la reforma pensional.

La providencia analizó testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos directivos de la UNGRD, así como otros elementos incorporados al expediente. El tribunal también estudió las ocasiones en las que Name se apartó de la conducción de sesiones plenarias mientras avanzaba la discusión de la reforma pensional.

Con base en el conjunto probatorio, la Sala concluyó que Name utilizó su posición como presidente del Senado para ejercer influencia sobre el trámite legislativo a cambio de un beneficio personal.

Aunque se habla de “muerte política”, existe una precisión jurídica fundamental: el fallo es de primera instancia y todavía no está en firme. Name puede presentar recurso de apelación, que deberá ser estudiado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

La pérdida de investidura es uno de los mecanismos de responsabilidad más severos contemplados para los congresistas y puede generar consecuencias permanentes para volver a ocupar una curul en el Congreso si la decisión queda definitivamente en firme.

Este proceso es independiente de la investigación penal relacionada con el mismo escándalo. La Corte Suprema de Justicia confirmó en octubre de 2025 el llamado a juicio contra Name por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

En ese expediente también se investigan presuntas irregularidades relacionadas con contratos de la UNGRD y la supuesta entrega de recursos a cambio de impulsar reformas que se encontraban en trámite en el Congreso.

Será ahora el trámite de la apelación el que determine si la pérdida de investidura decretada contra Iván Name queda definitivamente en firme. Paralelamente, el proceso penal continuará su propio curso ante la Corte Suprema de Justicia.