32 mil personas desplazadas por la violencia desata crisis humanitaria
Graves enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc en el Catatumbo dejan miles de desplazados, 80 muertos y un grave impacto humanitario.
El número de personas desplazadas por los enfrentamientos armados en el Catatumbo, Norte de Santander, ascendió este martes a 32.000, según informó la Defensoría del Pueblo. La violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc ha generado una grave crisis humanitaria en la región.
La defensora del pueblo, Iris Marín, detalló que 15.000 personas han buscado refugio en Cúcuta, capital del departamento; 11.000 en Ocaña, y 5.300 en Tibú, una localidad en el Catatumbo. Desde que comenzaron los enfrentamientos, hace seis días, al menos 80 personas han sido asesinadas, entre ellas seis firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, según cifras de la Gobernación de Norte de Santander.
Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal ha recibido hasta el momento apenas 35 cuerpos sin vida, de los cuales dos aún no han sido identificados.
“La operación de la Fuerza Pública y Naciones Unidas continúa para la extracción de personas en riesgo extremo”, señaló Marín, quien también confirmó casos de desaparición forzada y secuestros, afectando gravemente a los firmantes de paz y a la población civil.
Una crisis anunciada
La actual situación de violencia en el Catatumbo había sido advertida desde noviembre de 2024 por la Defensoría del Pueblo, que mediante su sistema de alertas tempranas alertó sobre los riesgos para la población debido a la presencia de grupos armados ilegales.
“El confinamiento en varias zonas persiste, pero hemos logrado llevar a cabo operaciones humanitarias. Desde Cúcuta hasta Tibú se entregaron 15 camiones con ayuda humanitaria en tres misiones organizadas por instituciones del Estado y comités locales de justicia transicional”, explicó la defensora.
Las comunidades desplazadas enfrentan condiciones precarias mientras esperan respuestas efectivas de las autoridades. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo continúa llamando la atención sobre la necesidad de fortalecer la respuesta humanitaria y garantizar la protección de los derechos de las víctimas en la región.
La crisis en el Catatumbo sigue siendo un reflejo de los desafíos de seguridad y paz que enfrenta el país.
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