Recluso murió en cárcel de Girón por presunta negligencia médica

La muerte de Carmen Ángel Acosta Velásquez, conocido como alias ‘Cuarenta’, en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en Girón tiene en la mira al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a la EPS Norsalud IV por una supuesta omisión en el deber de garantizar atención médica oportuna.

Según la denuncia el hecho ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre de 2025 en la cárcel de alta seguridad donde el interno había permanecido recluido desde septiembre de 2024. De acuerdo con denuncias emitidas por el colectivo Abogados Defensores de Pueblos y respaldadas por organizaciones de derechos humanos, Acosta Velásquez llevaba más de tres semanas presentando síntomas alarmantes: vómito persistente, cefaleas y signos de desnutrición. Sin embargo, los informes aseguran que solo recibió calmantes como única medida médica.

La denuncia, que ha causado fuerte indignación en redes sociales y entre líderes sociales, sostiene que pese a la gravedad del cuadro clínico del recluso, nunca fue trasladado a un centro hospitalario. Se resalta también que, a pesar de los llamados urgentes de los internos y una huelga de hambre como medida de presión, no se tomaron acciones efectivas para salvaguardar su vida.

En un comunicado firmado por presos políticos de diferentes penales del país, se responsabiliza directamente al INPEC, la EPS Norsalud IV y la dirección de la cárcel de Palogordo por lo que califican como una “violación flagrante a los derechos fundamentales”, en especial al derecho a la vida y a la salud. El hecho, afirman, no es aislado, sino parte de un patrón sistemático de abandono estatal dentro del sistema carcelario colombiano.

Acosta Velásquez había sido capturado por la DIJIN en septiembre de 2024, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Pelusos, que operaba principalmente en Norte de Santander. Era acusado de liderar milicias urbanas, ordenar homicidios selectivos y coordinar extorsiones a comerciantes de la zona. Incluso se le vinculaba con el asesinato del líder sindical Dagoberto Bayona Santiago.

Las organizaciones exigen que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud adelanten investigaciones disciplinarias y penales contra los presuntos responsables. Asimismo, hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas estructurales que impidan que esta situación se repita en cualquier otro centro de reclusión del país.