Juez obliga a Federico Gutiérrez a rectificar por cancelación de evento del M-19
Un juez concluyó que la cancelación del evento en la Biblioteca Pública Piloto vulneró la libertad de expresión y ordenó al alcalde reconocer públicamente la afectación.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, terminó publicando una rectificación en cumplimiento de una orden judicial relacionada con la cancelación de la presentación del libro El M-19. De la guerra a la política, evento que estaba programado en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
El caso comenzó el 21 de abril de 2026, cuando Gutiérrez anunció públicamente que había ordenado cancelar el encuentro académico. El alcalde argumentó entonces que no permitiría que un escenario público fuera utilizado para lo que consideraba una apología al terrorismo y sostuvo, además, que la actividad podía tener un carácter político en medio de la Ley de Garantías Electorales.
La actividad estaba prevista para las 5:00 de la tarde y tenía como eje el libro escrito por Jaime Rafael Nieto López, sociólogo, investigador y profesor universitario. La obra analiza la historia del M-19 y su tránsito de la lucha armada hacia la actividad política.
Pese a la decisión de la Alcaldía, el encuentro finalmente se realizó, aunque sin el respaldo logístico inicialmente previsto por la Biblioteca Pública Piloto.
La controversia llegó a los estrados después de una acción de tutela presentada por Santiago Alarcón Serna, quien alegó vulneraciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación política.
Tras diferentes actuaciones judiciales, el Juzgado 47 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín concluyó que la decisión de cancelar institucionalmente el evento constituyó una restricción indebida y que no existían pruebas suficientes para demostrar que la presentación del libro fuera una actividad proselitista o electoral.
El despacho determinó que la Alcaldía y la Biblioteca Pública Piloto actuaron de manera desproporcionada y ordenó reconocer públicamente que sus actuaciones afectaron los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, acceso a la información y participación.
La orden también exigió reafirmar el compromiso institucional de Medellín con la pluralidad de ideas y la prohibición de la censura, y dispuso que la comunicación fuera difundida por el mismo medio utilizado originalmente para anunciar la cancelación.
El expediente no tuvo un recorrido sencillo. Una primera decisión había sido anulada por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Medellín, al considerar que durante el trámite no se había vinculado debidamente al autor, la editorial y otros participantes directamente interesados.
Por esa razón, el proceso tuvo que reiniciarse y posteriormente el Juzgado 47 volvió a estudiar el caso, manteniendo la conclusión de que existió una vulneración de derechos fundamentales.
Después surgió una nueva controversia por el cumplimiento de la sentencia. Aunque la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto divulgaron un comunicado reiterando su compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo, los accionantes consideraron que esa publicación no satisfacía completamente la orden porque faltaba un pronunciamiento del propio Federico Gutiérrez desde su cuenta de X.
El juzgado llegó a requerir nuevamente al alcalde y al director de la Biblioteca mientras verificaba el cumplimiento integral de lo ordenado.
Finalmente, Gutiérrez realizó la publicación requerida, dando cumplimiento a esa parte de la decisión judicial.
Desde que ocurrió la cancelación, el episodio provocó una discusión nacional sobre los límites que tienen las autoridades para intervenir en actividades académicas realizadas en espacios públicos.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) cuestionó la decisión del alcalde y sostuvo que representaba una intervención indebida sobre un espacio de discusión pública.
Gutiérrez, por su parte, defendió originalmente su actuación señalando que buscaba impedir la utilización de recursos y escenarios públicos para promover narrativas que, a su juicio, podían justificar las acciones del antiguo grupo guerrillero.
La decisión judicial, sin embargo, estableció que en este caso no se acreditó que el encuentro tuviera propósitos electorales o proselitistas, por lo que la cancelación resultó incompatible con la protección constitucional de la libertad de expresión.
