Gobierno pone ultimátum a EPS intervenidas: las que no sean viables serán liquidadas
El Gobierno anunció que acelerará la evaluación de las EPS bajo intervención. Las que puedan garantizar una buena atención tendrán opción de recuperarse; las inviables serían liquidadas de manera ordenada.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno tomará decisiones rápidas frente a las EPS que actualmente se encuentran intervenidas y dejó claro que no todas continuarán necesariamente dentro del sistema de salud.
Durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores ‘El milagro de las regiones’, realizada en Mompox, Bolívar, el mandatario aseguró que cada entidad será evaluada para establecer si tiene posibilidades reales de recuperación.
“Las que sean viables y puedan garantizar una buena atención tendrán la posibilidad de recuperarse; las que no lo sean, deberán ser liquidadas de manera ordenada pensando siempre en los intereses y las necesidades de sus afiliados”, manifestó el presidente.
El anuncio representa una de las primeras decisiones de fondo del nuevo Gobierno frente a una crisis que durante los últimos años ha generado dificultades para millones de usuarios.
De La Espriella aseguró que el objetivo inmediato de su administración será recuperar la atención de quienes siguen esperando medicamentos, citas, tratamientos y procedimientos.
Según el mandatario, existen cientos de miles de personas afectadas por retrasos dentro del sistema y el Gobierno comenzará por atender los casos que representen mayor urgencia y riesgo.
La intención, explicó, será recuperar capacidad de respuesta mientras al mismo tiempo se define la situación financiera de las EPS.
El presidente sostuvo que el país necesita establecer con precisión cuánto dinero se debe dentro del sistema, quiénes son los responsables de esas obligaciones y qué mecanismos podrían utilizarse para sanearlas.
El mensaje del Gobierno establece dos caminos.
Las EPS intervenidas que logren demostrar que tienen capacidad financiera y operativa para garantizar atención adecuada a sus usuarios podrán iniciar un proceso de recuperación.
En cambio, aquellas que no logren demostrar sostenibilidad podrían ser liquidadas.
El presidente señaló que cualquier proceso de salida deberá realizarse de manera ordenada y garantizando que los pacientes no queden desprotegidos.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, estará al frente de la revisión y de las medidas que adopte el Ejecutivo frente a estas entidades.
La situación financiera del sistema es uno de los puntos más delicados.
Según un reciente informe de la Contraloría General de la República, las obligaciones reportadas por las EPS cerraron 2025 en aproximadamente $58,06 billones, frente a $45,89 billones un año antes.
De ese total, cerca de $47,99 billones, equivalentes al 82,65 %, correspondían a EPS intervenidas o sometidas a medidas especiales.
Además, al finalizar 2025, unos 29,7 millones de afiliados, equivalentes al 56,68 % de la población asegurada, estaban vinculados a entidades sometidas a intervención o medidas especiales.
La situación también golpea directamente a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás integrantes de la red, que dependen del pago de esas obligaciones para mantener sus servicios.
Uno de los casos que más atención genera es el de Nueva EPS, una de las entidades con mayor número de afiliados del país.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, al cierre de 2025 registraba obligaciones cercanas a los $25,73 billones.
La entidad concentra más del 20 % de los afiliados del sistema y permanece bajo intervención estatal.
La falta de información financiera certificada también ha dificultado establecer con total precisión su situación económica.
Por esa razón, la revisión anunciada por el Gobierno podría resultar determinante para conocer cuál será su futuro y el de otras EPS sometidas a medidas especiales.
De La Espriella también anunció que su política de salud buscará fortalecer la atención primaria y la prevención.
El propósito será que los ciudadanos reciban atención antes de que sus condiciones requieran hospitalización o tratamientos más complejos.
El presidente aseguró además que la financiación del sistema deberá calcularse con criterios técnicos y teniendo en cuenta las diferencias entre los territorios.
Según explicó, prestar servicios médicos en una gran ciudad no tiene los mismos costos que hacerlo en municipios apartados o zonas rurales.
El Gobierno también anunció mayores controles sobre el manejo de los recursos, mejores condiciones para los trabajadores del sector y acciones contra posibles hechos de corrupción.
El anuncio presidencial no significa que las EPS intervenidas vayan a desaparecer inmediatamente.
Primero deberá realizarse una evaluación individual que permita determinar cuáles tienen posibilidades reales de recuperación.
En los casos donde se defina una liquidación, las autoridades deberán establecer mecanismos para garantizar la continuidad de los tratamientos y el traslado de los usuarios a otras entidades.
El presidente insistió en que cualquier decisión deberá tomarse pensando primero en los afiliados.
Por ahora, el Gobierno comienza una revisión que podría cambiar de manera importante el mapa de las EPS en Colombia y definir el futuro de millones de usuarios que actualmente están afiliados a entidades bajo intervención.
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