Concejal de Aratoca implicado en presunta agresión a su pareja e encubrirlo

Un nuevo caso de violencia de género sacude a Santander. En el municipio de Aratoca, un concejal fue señalado por su pareja sentimental de haberla agredido tras un ataque de celos, mientras compartían en una reunión social en el municipio vecino de Jordán. El hecho, que ocurrió el pasado domingo 31 de agosto, ha generado una oleada de indignación en la comunidad y fuertes cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades locales.

La víctima, una joven de 22 años, ingresó al hospital municipal de Aratoca con múltiples lesiones visibles: contusiones en el rostro, brazos, tórax, además de una fractura nasal y uñas rotas. Según su relato, los hechos ocurrieron luego de que un amigo suyo le ofreciera una cerveza, lo que habría desatado un ataque de celos por parte del concejal.

“Comenzó a empujarme con fuerza y a insultarme, luego me haló el cabello y me quitó el celular. Dentro del carro me golpeó reiteradamente, me rompió las gafas y no me dejaba salir”, declaró la joven un medio de comunicación regional. Aseguró que el ataque continuó incluso después de llegar al municipio, donde fue perseguida, arrastrada y golpeada nuevamente por el funcionario público. Solo la intervención de una vecina, que llamó a la Policía, logró frenar la agresión.

Sin embargo, lo que más ha causado revuelo es la presunta omisión por parte de la Policía local, que, según testigos, no actuó al reconocer al agresor como una figura política del municipio. Además, la denuncia fue presentada ante la Comisaría de Familia de Aratoca, pero la funcionaria encargada es familiar directa del concejal implicado, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad del proceso.

Ante la presión de la comunidad, el hospital activó la ruta de atención para víctimas de violencia intrafamiliar, aunque hasta ahora no se ha producido un pronunciamiento oficial del concejal. Por su parte, líderes sociales y colectivos de mujeres exigen a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría una investigación inmediata y transparente, así como medidas de protección para la víctima.

El caso ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde los ciudadanos expresan su indignación y claman por justicia. La expectativa ahora se centra en las acciones que tomen los entes de control para esclarecer los hechos y evitar un posible encubrimiento institucional.