Gobierno pone mano dura en las cárceles y ordena acabar con privilegios

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella endureció su estrategia para recuperar el control de las cárceles colombianas y evitar que algunos establecimientos continúen siendo utilizados para coordinar actividades delincuenciales desde su interior.

Requisas, traslados de internos, revisión de instalaciones eléctricas, decomiso de teléfonos celulares y retiro de diferentes elementos no autorizados hacen parte de las acciones que viene adelantando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

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La instrucción del presidente ha sido directa: reforzar inmediatamente la seguridad de los establecimientos existentes mientras avanza el proyecto para construir nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad.

“A los bandidos se les acabó la fiesta en las cárceles”, aseguró De La Espriella durante una intervención en la que cuestionó que desde algunos centros de reclusión se sigan coordinando extorsiones, amenazas y otras actividades criminales.

Las intervenciones buscan encontrar y retirar elementos cuya tenencia no esté permitida dentro de los establecimientos.

En recientes procedimientos adelantados por el INPEC se han realizado inspecciones en patios y celdas para detectar teléfonos celulares, sustancias ilícitas y otros objetos que puedan afectar la seguridad.

Uno de los casos recientes ocurrió en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, donde unidades especiales adelantaron requisas que incluso generaron momentos de tensión y un intento de amotinamiento por parte de algunos internos.

En ese mismo establecimiento, el Gobierno también ha ordenado traslados de personas privadas de la libertad a otras cárceles del país como parte de las medidas para recuperar el control y reducir la influencia de determinadas estructuras dentro de los penales.

Las autoridades habían recibido información y denuncias durante meses sobre fiestas, utilización de teléfonos celulares, parlantes, neveras con licor y otros elementos dentro de cárceles de Barranquilla.

Los procedimientos no se limitan a teléfonos o sustancias ilícitas.

El INPEC también puede retirar electrodomésticos, equipos eléctricos, instalaciones improvisadas y otros elementos cuando no estén autorizados por el reglamento del establecimiento.

Operativos anteriores han permitido encontrar dentro de cárceles colombianas neveras, televisores, estufas eléctricas, ollas, microondas, lavadoras, licuadoras, aires acondicionados, ventiladores y consolas de videojuegos cuya permanencia no estaba autorizada.

Sin embargo, esto no significa que todos los televisores o ventiladores existentes dentro de una cárcel sean automáticamente ilegales.

El Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión permite, por ejemplo, que las direcciones autoricen determinados televisores en áreas comunes. La irregularidad aparece cuando se superan las cantidades permitidas, los elementos se encuentran dentro de zonas no autorizadas o fueron ingresados sin cumplir las reglas establecidas.

Por esa razón, las actuales inspecciones buscan diferenciar los elementos autorizados de aquellos que representan privilegios, riesgos eléctricos o mecanismos para facilitar actividades no permitidas.

Otro de los puntos centrales de la estrategia está relacionado con las comunicaciones desde las cárceles.

De La Espriella ordenó que los inhibidores de señal funcionen de manera efectiva, con el objetivo de impedir que personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares para realizar extorsiones o mantener contacto con estructuras delincuenciales en el exterior.

“Los inhibidores de señales deben funcionar, los traslados deben operar. No habrá contemplación”, manifestó el presidente.

El tema también ha sido discutido recientemente entre el Ministerio de Justicia y congresistas, luego de conocerse denuncias sobre equipos que presuntamente habrían sido desconectados en algunos establecimientos.

La preocupación del Gobierno es que las cárceles dejen de funcionar como centros desde los cuales determinados cabecillas pueden seguir dando instrucciones a sus organizaciones.

La ofensiva penitenciaria también contempla el movimiento de internos considerados de alta peligrosidad.

El presidente confirmó que desde los primeros días de su Gobierno comenzaron traslados hacia establecimientos con mayores niveles de aislamiento y seguridad.

Entre los nombres mencionados públicamente por De La Espriella aparecen personas conocidas con alias como ‘Mikito’, ‘Caballo’, ‘El Primo’, ‘Hormiga’, ‘Huequito’, ‘El Negro Over’ y ‘Pequeño’.

Según el mandatario, el propósito es impedir que continúen ejerciendo control sobre organizaciones criminales desde lugares de reclusión donde, según su Gobierno, tenían condiciones inapropiadas.

Las acciones en los establecimientos actuales forman parte de una estrategia más amplia.

El Gobierno avanza en la planeación de 10 nuevos centros penitenciarios, que buscarían ser ubicados principalmente fuera de los grandes centros urbanos y contar con mayores medidas de seguridad.

Mientras esos proyectos se estructuran, la instrucción presidencial es fortalecer inmediatamente los establecimientos existentes.

De La Espriella también anunció una política de “cero tolerancia” frente a funcionarios que permitan corrupción dentro del INPEC.

“El funcionario que se venda a un delincuente dejará de portar un uniforme para empezar a responder ante la justicia”, advirtió el mandatario.

Este punto resulta importante.

Aunque en redes sociales han circulado mensajes asegurando que el INPEC está retirando de manera general televisores, ventiladores, parlantes, estufas y hasta tomacorrientes de todas las cárceles, hasta ahora no existe una comunicación oficial que establezca una prohibición indiscriminada de cada uno de estos elementos en todos los establecimientos del país.

Lo confirmado es que el INPEC está facultado para retirar elementos prohibidos o no autorizados, intervenir conexiones eléctricas improvisadas, realizar requisas y adoptar medidas de seguridad de acuerdo con el reglamento penitenciario.

En determinados espacios comunes pueden existir algunos equipos previamente autorizados por la dirección del establecimiento.

La ofensiva del Gobierno apunta principalmente a eliminar privilegios irregulares, comunicaciones clandestinas y condiciones que permitan continuar delinquiendo desde los centros penitenciarios.

De La Espriella ha resumido su posición con una frase que marca el rumbo de su política carcelaria: un establecimiento penitenciario “no es un club, no es una oficina y mucho menos puede ser la base de operaciones de una organización” criminal.