Gobierno proyecta 10 megacárceles y busca ubicarlas lejos de las ciudades

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella comienza a mover una de las propuestas que más llamó la atención durante la campaña presidencial: la construcción de 10 nuevos centros penitenciarios de gran capacidad en Colombia.

Los primeros detalles fueron conocidos después de una reunión entre el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la bancada del Partido Conservador.

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Al término del encuentro, el presidente de esa colectividad, Efraín Cepeda, aseguró que el Gobierno avanza en la planeación de los nuevos establecimientos y que los congresistas respaldaron la propuesta.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue dónde deberían quedar ubicadas estas cárceles.

La bancada conservadora pidió al ministro que los nuevos establecimientos penitenciarios no sean levantados dentro de los centros urbanos, debido a los riesgos de seguridad que, según los congresistas, puede generar la presencia de cárceles de alta capacidad en sectores densamente poblados.

Cepeda aseguró que Cancino estuvo de acuerdo con esa posición y que desde el Ministerio de Justicia ya se estaría trabajando bajo una idea similar.

“Se le pidió que no fuera al interior de las ciudades, sino en las afueras. Eso generaba inseguridad allí y él expresó que sí”, explicó el dirigente conservador.

La intención, por ahora, es buscar lugares apartados que permitan mayores controles sobre los establecimientos y reduzcan el impacto sobre las comunidades cercanas.

Sin embargo, todavía no se conocen los departamentos o municipios donde serán construidas las 10 cárceles.

Tampoco se ha presentado públicamente un cronograma definitivo para las obras.

El proyecto hace parte de la nueva política penitenciaria que prepara el Gobierno De La Espriella.

El ministro Iván Cancino ha explicado que la iniciativa se encuentra en etapa de planeación y que las nuevas instalaciones buscarían, entre otros objetivos, mejorar el manejo de internos considerados de alta peligrosidad, ampliar la capacidad penitenciaria y reducir el hacinamiento.

El Gobierno también busca evitar que diferentes estructuras delincuenciales continúen coordinando actividades ilegales desde el interior de las cárceles.

Durante los últimos años, las autoridades han denunciado casos de extorsiones, amenazas, estafas y otras actividades coordinadas por personas privadas de la libertad desde establecimientos penitenciarios.

Por esta razón, el proyecto no estaría enfocado únicamente en construir nuevos edificios.

La apuesta incluye mayores controles tecnológicos y de comunicaciones.

Otro de los temas discutidos entre el Ministerio de Justicia y los conservadores fue el funcionamiento de los inhibidores de señal de telefonía celular instalados en diferentes cárceles.

Estos dispositivos buscan impedir que los internos utilicen teléfonos para comunicarse con personas en el exterior y coordinar actividades ilegales.

Cepeda aseguró que durante la reunión se habló de casos en los que algunos de estos equipos habrían sido desconectados irregularmente.

Según la información conocida, incluso se han instalado cámaras para vigilar permanentemente los dispositivos y establecer quién manipula los sistemas.

El Gobierno pretende fortalecer este tipo de controles dentro de su nueva estrategia penitenciaria.

Otro punto que empieza a conocerse es la forma en que podrían financiarse las nuevas cárceles.

Cancino ha planteado la posibilidad de recurrir a asociaciones público-privadas, conocidas como APP, para ayudar a financiar la construcción de los establecimientos y disminuir la presión directa sobre las finanzas públicas.

El modelo permitiría vincular capital privado al desarrollo de infraestructura penitenciaria bajo condiciones que deberán ser definidas posteriormente por el Gobierno.