“Se someten o vamos por ellos”: Gobierno destapa las reglas de su nueva ley contra criminales.

El Gobierno Nacional prepara una nueva ley de sometimiento a la justicia con la que pretende establecer las condiciones bajo las cuales integrantes de organizaciones criminales podrán entregarse a las autoridades y acceder a un tratamiento judicial definido.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó en entrevista con SEMANA que la iniciativa se encuentra en revisión antes de ser presentada al Congreso. Por esa razón, las condiciones conocidas hasta ahora corresponden al proyecto del Gobierno y podrían cambiar durante su trámite legislativo.

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Uno de los principales puntos es que no se trataría de una negociación política ni de un nuevo proceso de paz. Según Cancino, quienes decidan acogerse deberán someterse a la justicia ordinaria y cumplir una serie de requisitos.

Entre las condiciones planteadas aparecen la entrega de armas, bienes obtenidos ilegalmente e información sobre las estructuras criminales, además de aportar a la verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.

El ministro aseguró que los bienes ilícitos tendrían que ser entregados en su totalidad. Ocultar propiedades o recursos podría ocasionar la pérdida de los beneficios contemplados dentro del mecanismo.

Otro de los puntos revelados por Cancino es que el Gobierno no contempla suspender las operaciones de la Fuerza Pública mientras una organización analiza si se acoge al mecanismo.

El proyecto permitiría sometimientos individuales o colectivos, pero las órdenes de captura continuarían vigentes y acogerse a la iniciativa tampoco frenaría automáticamente los procedimientos de extradición.

“Se someten o vamos por ellos” fue una de las frases utilizadas por el ministro para explicar la posición del Gobierno frente a las estructuras que continúen delinquiendo.

Cancino también señaló que la propuesta contempla una localización temporal de hasta tres meses para quienes se entreguen, mientras fiscales y jueces determinan su situación jurídica. Además, quienes ya estén capturados y bajo control del Estado no entrarían en el mecanismo en los mismos términos planteados para quienes decidan entregarse.

La iniciativa deberá ser radicada y debatida en el Congreso de la República. Solo después de superar el trámite legislativo y recibir la correspondiente sanción podría convertirse en ley.