¿Consume mucha energía? Desde septiembre podría pagar un cobro adicional

Desde este martes 1 de septiembre de 2026 comienza en Colombia la aplicación de un nuevo programa transitorio que busca incentivar el ahorro de energía eléctrica ante las condiciones de baja hidrología y los riesgos para el abastecimiento energético del país.

La medida fue establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución 101 120 de 2026 y posteriormente modificada por la Resolución 101 126 de 2026 para ajustar su fecha de entrada en operación. El programa tendrá inicialmente una duración de seis meses, aunque podría extenderse si continúan las condiciones que dieron origen a la medida.

El mecanismo no representa un aumento generalizado de la tarifa de energía. Su funcionamiento dependerá directamente del comportamiento de consumo de cada usuario frente a una meta individual.

Las empresas comercializadoras determinarán una referencia individual utilizando la mediana de los consumos promedio diarios registrados durante los 12 meses anteriores al inicio del programa.

Es decir, no todos los hogares tendrán la misma meta.

La regulación establece además que esa referencia no podrá quedar por debajo del consumo básico de subsistencia que corresponda al usuario.

A partir de esa cifra se determinará quién ahorra, quién permanece dentro de un rango normal y quién supera suficientemente su consumo como para generar un cobro adicional.

Uno de los puntos más importantes de la medida es que no habrá cobro adicional simplemente por consumir más de la meta.

La CREG estableció un margen del 10 %. Esto significa que un usuario podrá consumir hasta el 110 % de su meta individual sin recibir el cobro adicional.

Solamente los kilovatios hora que estén por encima de ese 110 % estarán sujetos al nuevo cobro.

Los factores definidos son:

• Estratos 1, 2 y 3: factor de 1,30 sobre el consumo excedente.
• Estratos 4, 5 y 6: factor de 1,50.
• Usuarios comerciales e industriales regulados: factor de 1,70.

En términos sencillos, el mecanismo aumenta el costo únicamente de la energía consumida por encima del límite establecido y no modifica la tarifa general de todos los kilovatios consumidos.

La propia CREG aclara que este cobro es excepcional, temporal y no hace parte de la tarifa ordinaria del servicio de energía.

El programa funciona en ambos sentidos.

Los usuarios cuyo consumo quede por debajo del 90 % de su meta individual podrán registrar un ahorro reconocido.

Sin embargo, esto no significa que automáticamente recibirán un descuento fijo en la factura.

Los recursos para reconocer esos ahorros saldrán de los cobros adicionales efectivamente recaudados entre quienes excedan sus metas dentro de cada mercado de comercialización. Por esta razón, el beneficio final podría variar e incluso ser cero si no existen suficientes recursos acumulados.

La CREG estableció una condición especial para evitar que los usuarios reciban inmediatamente un cobro que desconocían.

El primer ciclo de facturación afectado por el programa tendrá carácter pedagógico.

Durante ese periodo, la factura deberá mostrar al usuario cuál es su meta y cuánto habría tenido que pagar si excedió el límite, pero ese cobro será únicamente informativo y no tendrá que pagarlo.

Los cobros adicionales comenzarán a aplicarse desde el ciclo de lectura inmediatamente siguiente.

En cambio, si durante ese primer periodo el usuario logra un ahorro reconocido, este sí comenzará a contabilizarse a su favor.

La CREG explicó que el programa busca reducir la demanda regulada durante escenarios de estrechez energética, baja hidrología o riesgo para la confiabilidad del suministro, con el propósito de disminuir la posibilidad de un eventual desabastecimiento.

La decisión toma especial relevancia ante las condiciones relacionadas con el fenómeno de El Niño 2026-2027, que pueden reducir las lluvias y afectar los niveles de los embalses utilizados para producir buena parte de la electricidad del país.

La Resolución 101 126 también estableció que el programa no se aplicará, inicialmente, a los usuarios regulados ubicados en municipios que hayan sido identificados oficialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

La decisión busca evitar una carga adicional para las familias que atraviesan las consecuencias de la emergencia.

El programa tendrá una duración inicial de seis meses y podrá ser prorrogado si persisten las condiciones de riesgo energético. También podrá terminar antes si la CREG determina que la situación se ha normalizado.