Gobierno apelará orden judicial que pone condiciones a los bombardeos

El Gobierno Nacional anunció que apelará la decisión judicial que puso nuevas condiciones a las operaciones aéreas ofensivas de la Fuerza Pública cuando exista información sobre presencia de niños o adolescentes reclutados por grupos armados ilegales.

El encargado de confirmar la decisión fue el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró que, aunque los fallos judiciales deben respetarse, el Ejecutivo considera que el criterio fijado por el juzgado tiene un alcance demasiado amplio.

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“Los fallos de la justicia se respetan, pero también pueden —y deben— ser objeto de dura crítica”, manifestó el funcionario.

La controversia surge después de que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá adoptara una medida provisional dentro de una acción de tutela y ordenara abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados.

Uno de los principales reparos del Gobierno está precisamente en esa expresión.

Lara cuestionó qué tendría que entender una unidad militar por información “razonablemente verificable” al momento de planear una operación.

“¿Un indicio? ¿Una fuente?”, planteó el ministro, quien considera que un estándar de este tipo podría dificultar considerablemente el uso de operaciones aéreas contra campamentos de estructuras ilegales.

Según su posición, los grupos armados podrían terminar obteniendo una ventaja operacional debido a una práctica que el propio Estado ha denunciado durante años: el reclutamiento de niños y adolescentes.

Pese a sus cuestionamientos, Lara aseguró que el Gobierno reconoce la obligación especial que tiene el Estado de proteger a los menores de edad.

“Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este Gobierno”, manifestó.

Sin embargo, agregó que el Ejecutivo no comparte que el reclutamiento de menores pueda convertirse, en la práctica, en una situación que impida actuar militarmente contra las estructuras responsables de incorporarlos a sus filas.

El ministro sostuvo que, desde la visión del Gobierno, esto podría terminar otorgando una especie de “inmunidad territorial” a los grupos armados y convertirse en un incentivo para continuar con el reclutamiento.

Finalmente fue contundente:

“Este fallo absurdo e inconstitucional será apelado”.

La decisión judicial no prohíbe de manera general los bombardeos en Colombia.

La medida establece que, cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados dentro de un objetivo, las autoridades deberán abstenerse temporalmente de ejecutar la operación aérea hasta verificar las medidas de precaución y protección.

Además, deberán establecer si existe una alternativa menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo.

Se trata de una medida provisional, adoptada mientras el juzgado toma una decisión de fondo sobre la acción de tutela.

El debate tomó fuerza después de la Operación Amón, desarrollada el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura de las disidencias.

Posteriormente, Medicina Legal confirmó que entre las personas que perdieron la vida durante la operación se encontraban tres menores de edad.

El hecho generó cuestionamientos desde diferentes sectores políticos y abrió nuevamente la discusión sobre la protección de menores reclutados durante operaciones militares.

El Gobierno ha defendido sus operaciones y responsabiliza a las estructuras ilegales por reclutar y utilizar menores dentro de sus organizaciones.

Con el anuncio de la apelación, la controversia pasará ahora a una nueva instancia judicial.

Mientras se resuelve el recurso y continúa el trámite de la tutela, la medida provisional permanece vigente, por lo que la Fuerza Pública deberá tener en cuenta las condiciones establecidas por el juzgado al momento de planear este tipo de operaciones.