De La Espriella ordena trasladar 20 presos de Barranquilla: “Se acabaron los privilegios”

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este martes 25 de agosto el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla, algunas señaladas de pertenecer a estructuras como Los Costeños y Los Pepes.

La medida hace parte de la estrategia del Gobierno para impedir que integrantes de organizaciones criminales continúen coordinando extorsiones, amenazas u otras actividades desde los centros de reclusión.

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“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort”, manifestó el mandatario al anunciar el operativo.

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, 10 de los trasladados permanecían detenidos en estaciones de Policía de Barranquilla, mientras que los otros 10 estaban en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal.

Entre las personas mencionadas por el presidente aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, señalado de pertenecer a Los Pepes, y Erick Fabián Molina Mendoza, igualmente relacionado por las autoridades con esa organización.

También fueron incluidos Brayan Camilo Lobo Guerrero, Fabio Andrés Diazgranados Pallares y Adrián Hernán Guerrero Peña, señalados de tener vínculos con Los Costeños. Las autoridades mencionaron además otros privados de la libertad cuya posible pertenencia a una organización específica no fue detallada públicamente.

La vinculación mencionada corresponde a los señalamientos realizados por las autoridades y no modifica la situación jurídica particular de cada persona.

Aunque el anuncio inicial habla de establecimientos penitenciarios de Bogotá, la capital no necesariamente será el destino definitivo de los 20 trasladados.

Según explicó el Gobierno, una vez lleguen a Bogotá permanecerán dentro del dispositivo penitenciario mientras el INPEC determina, durante los 15 días siguientes, a qué cárceles del país serán enviados definitivamente según criterios de seguridad.

El traslado se desarrolla con apoyo de la Fuerza Pública y bajo medidas especiales destinadas a prevenir eventuales fugas, intentos de rescate o acciones contra el operativo.

El presidente aseguró que uno de los objetivos es impedir que algunos privados de la libertad puedan conservar capacidad para impartir instrucciones desde los centros penitenciarios.

“Desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”, señaló De La Espriella al defender la decisión.

El mandatario cerró su pronunciamiento asegurando que “se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”, expresión con la que reiteró la política de endurecimiento del control penitenciario anunciada desde el comienzo de su administración.

La medida recibió el respaldo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quienes habían participado recientemente en discusiones con el Gobierno Nacional sobre la situación de seguridad de Barranquilla y su área metropolitana.

Char sostuvo que trasladar a estos internos fuera de Barranquilla puede ayudar a desconectarlos de sus estructuras externas y limitar las órdenes que, según las autoridades, continúan saliendo desde algunos centros de reclusión.

Verano, por su parte, calificó la decisión como un avance para enfrentar organizaciones que buscan mantener operaciones desde prisión.

El nuevo operativo ocurre un día después de que el Gobierno anunciara una estrategia de seguridad para Barranquilla, enfocada especialmente en enfrentar el crimen organizado y la extorsión.

La situación de seguridad de la capital del Atlántico ha generado especial preocupación. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal citadas por EFE, durante todo 2025 se registraron 725 homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, mientras que en lo transcurrido de 2026 la cifra reportada alcanzaba los 738 casos.

Es en ese contexto que las autoridades buscan reducir la capacidad que podrían mantener determinadas organizaciones desde los establecimientos penitenciarios.

Esta no es la primera operación penitenciaria de gran tamaño desde que comenzó el nuevo Gobierno.

Inicialmente se conoció el traslado de 103 internos desde la cárcel La Paz de Itagüí, entre ellos varios señalados como cabecillas de organizaciones del Valle de Aburrá.

Posteriormente, información entregada por el INPEC reveló que el movimiento penitenciario de los días 7 y 8 de agosto fue mucho mayor: en total se habrían realizado 403 traslados, 39 durante la primera jornada y 364 al día siguiente.

El nuevo traslado de los 20 internos de Barranquilla profundiza esa política de redistribuir personas consideradas de especial riesgo con el objetivo de romper conexiones criminales y recuperar el control sobre los establecimientos penitenciarios.