$97,1 billones después, Colombia todavía teme quedarse sin energía
La Superintendencia de Servicios Públicos advirtió que los recursos recaudados desde 2006 no se han traducido proporcionalmente en nuevas plantas ni en suficiente capacidad física de generación.
Los usuarios del servicio de energía en Colombia han pagado aproximadamente $97,1 billones a las empresas generadoras durante los últimos 20 años, mediante el denominado Cargo por Confiabilidad, un mecanismo creado para garantizar el suministro eléctrico durante periodos de escasez.
La cifra fue revelada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tras analizar el funcionamiento de este esquema entre 2006 y 2026. Los recursos han sido cobrados directamente en las facturas de los hogares, comercios e industrias del país.
El Cargo por Confiabilidad remunera a las generadoras para que mantengan disponibles sus plantas y puedan entregar energía cuando el sistema enfrente situaciones críticas, especialmente durante temporadas de sequía o fenómenos de El Niño, cuando disminuyen los niveles de los embalses.
Sin embargo, la Superservicios cuestionó que, pese a la millonaria suma entregada, Colombia todavía enfrente advertencias sobre posibles riesgos en el suministro y no haya logrado aumentar de manera suficiente su capacidad física de generación.
Según el estudio, cerca del 62 % de los recursos fue recibido por plantas hidroeléctricas, mientras que alrededor del 37 % se destinó a centrales térmicas. Antioquia aparece como la región que más remuneración concentró, con $26,5 billones, seguida por Atlántico, con $15,8 billones, y las plantas ubicadas entre Cundinamarca y Meta, con $13,1 billones.
La entidad también encontró que durante 2025 el Cargo por Confiabilidad representó el 21,5 % de los ingresos del sector de generación. Además, los pagos equivalieron al 111 % de las utilidades obtenidas por las empresas durante ese año.
Otro de los hallazgos indica que una parte significativa del dinero continúa beneficiando a plantas con entre 20 y 30 años de antigüedad. Para la Superintendencia, los recursos recaudados no se han reflejado proporcionalmente en la construcción de nuevas centrales ni en la modernización necesaria para atender el crecimiento de la demanda.
El organismo de vigilancia también llamó la atención sobre la utilización de mecanismos comerciales para respaldar las obligaciones de las generadoras cuando alguna planta no puede entregar directamente la energía comprometida.
Entre estos instrumentos se encuentra la Demanda Desconectable Voluntaria, mediante la cual grandes consumidores reducen temporalmente su consumo a cambio de una compensación económica. Durante 2025, esta reducción alcanzó un máximo histórico de 1.706 gigavatios hora, pese a que el país no atravesaba un fenómeno de El Niño.
De acuerdo con la Superservicios, el 90 % de las medidas incluidas en los planes de acción de las generadoras corresponde a soluciones comerciales y no a intervenciones que aumenten directamente la capacidad física de producción.
Ante los resultados, la entidad recomendó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y al Ministerio de Minas y Energía revisar el diseño del Cargo por Confiabilidad. La propuesta busca que los recursos pagados por los usuarios se destinen de manera más efectiva a nuevas plantas, modernización de infraestructura y proyectos de energías renovables.
Durante el primer semestre de 2026, la Superintendencia reforzó el seguimiento a la energía comprometida por las empresas, revisó el comportamiento de los embalses y realizó visitas de inspección a 11 plantas térmicas.