Condenan a Carlos Caicedo a nueve años y nueve meses de prisión por corrupción
Un juzgado de Bogotá declaró al exalcalde de Santa Marta responsable de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La defensa podrá apelar la decisión.
El exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue condenado en primera instancia a nueve años y nueve meses de prisión por irregularidades relacionadas con la contratación de cinco centros de salud en la capital del Magdalena.
La decisión fue emitida este miércoles 29 de julio por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que lo declaró responsable, en calidad de coautor, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
La condena establecida fue de 117,6 meses de prisión. Además, Caicedo deberá pagar una multa de $4.453 millones y quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la pena.
El fallo también señala que no tendrá derecho a mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Sin embargo, el exmandatario no será capturado inmediatamente, debido a que la decisión todavía puede ser apelada y no se encuentra ejecutoriada.
La jueza ordenó que la captura sea expedida cuando la sentencia quede en firme. En ese momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, deberá determinar el establecimiento en el que cumpliría la condena.
El contrato que originó la investigación
El proceso judicial está relacionado con el contrato PS-04, firmado el 20 de agosto de 2014 entre la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y la sociedad Mediredes S.A.S.
Su objetivo era realizar trabajos de mantenimiento y adecuación en los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, en Santa Marta.
El contrato habría tenido un valor inicial superior a los $6.532 millones y un plazo de ejecución de diez meses. No obstante, durante el desarrollo de las obras se presentaron diferentes dificultades técnicas, retrasos y modificaciones.
De acuerdo con la investigación, el proceso contractual se habría adelantado sin cumplir completamente los requisitos técnicos y los estudios previos establecidos en el manual de contratación de la entidad.
Entre las fallas señaladas aparecen la ausencia de estudios de suelos y sismorresistencia, diseños incompletos, falta de previsión de redes de gas y problemas con la autorización para construir en uno de los predios.
Para intentar corregir las inconsistencias habrían sido firmados 11 otrosíes y adiciones por aproximadamente $4.534 millones.
Las autoridades también establecieron que, pese a que las obras habían sido pagadas en cerca de un 94 %, no fueron entregadas completamente en las condiciones inicialmente previstas.
La participación atribuida a Caicedo
Para la justicia, Caicedo tuvo participación en las decisiones que permitieron adelantar el proceso contractual cuando ejercía como alcalde de Santa Marta y presidente de la junta directiva de la ESE Alejandro Próspero Reverend.
El 5 de junio de 2014 fue expedido el Acuerdo 0004, mediante el cual se autorizó a la gerencia de la entidad para realizar los negocios jurídicos relacionados con la intervención de los centros asistenciales.
La decisión judicial consideró que Caicedo habría contribuido al direccionamiento del proceso y autorizado la contratación sin que estuvieran completos los requisitos de planeación necesarios.
La Fiscalía sostuvo que las irregularidades generaron rentas ilícitas superiores a $4.120 millones y afectaron la prestación de los servicios de salud para los habitantes de Santa Marta.
La posición de la defensa
Durante el proceso, la defensa de Carlos Caicedo rechazó las acusaciones y sostuvo que no existió apropiación de recursos ni detrimento patrimonial.
Su equipo también aseguró que los centros de salud fueron terminados, se encuentran funcionando y continúan prestando atención a la comunidad.
Además, calificó el proceso como una persecución judicial y política. Sin embargo, estos argumentos no fueron acogidos por la jueza al emitir la condena de primera instancia.
¿Qué ocurrirá ahora?
La defensa podrá apelar el fallo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la facultad de confirmar, modificar o revocar la condena.
Mientras la segunda instancia no tome una decisión y la sentencia no quede ejecutoriada, Caicedo continuará en libertad.
La condena corresponde únicamente al proceso relacionado con la contratación de los centros de salud de Santa Marta. Cualquier otra investigación judicial deberá ser tratada de manera independiente y bajo el principio de presunción de inocencia.