Suspenden por 10 años a patrullera que golpeó a un ciudadano durante operativo en Suba, Bogotá

La Procuraduría General de la Nación suspendió por diez años a la patrullera de la Policía Nacional Erika Judith Pérez Romero, tras determinar que incurrió en un uso excesivo de la fuerza durante un procedimiento policial en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. El hecho ocurrió en octubre de 2024, pero se hizo viral en redes sociales a principios de enero de este año, generando una fuerte reacción ciudadana.

La decisión fue tomada en un fallo de primera instancia por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento, que calificó la conducta de Pérez Romero como gravísima a título de dolo, es decir, con plena conciencia y voluntad de transgredir la ley. Además de la suspensión, la funcionaria no podrá ejercer ningún otro cargo público durante el tiempo de sanción.

Según la investigación disciplinaria, la patrullera agredió físicamente a un ciudadano identificado como Juan Sebastián Nova, en medio de una requisa realizada en inmediaciones del humedal Juan Amarillo. De acuerdo con la Procuraduría, la uniformada abusó de su autoridad al golpear al hombre en el rostro con su bastón tonfa, un arma de dotación policial, sin justificación aparente.

Los hechos quedaron registrados en al menos dos videos grabados por la víctima con su teléfono celular. En las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, se observa cómo el ciudadano coopera con el procedimiento policial y señala: “Sí claro, yo no me voy a ir agente, tranquilo”. Segundos después, muestra su rostro visiblemente lesionado y afirma: “La patrullera de esta moto me acaba de dar severo ‘juetazo’ en la cara sin yo haber hecho nada, tengo las pruebas del hecho”.

En uno de los videos también se observa cómo la patrullera, visiblemente alterada, exige al joven que marque un número en su celular para verificar el código IMEI del dispositivo, lo que también fue cuestionado por organismos de control.

Tras la viralización del caso, tanto la Policía Metropolitana de Bogotá como la Justicia Penal Militar y Policial abrieron investigaciones internas para esclarecer la actuación de la uniformada. La Procuraduría concluyó que Pérez Romero desconoció principios fundamentales del actuar policial como la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad en el uso de la fuerza.

La sanción impuesta todavía puede ser apelada por la defensa de la patrullera, y está sujeta a revisión en segunda instancia.